TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El polémico decreto 116-2019 que regulaba el uso y manejo de los dineros conocidos como Fondo Departamental fue objeto de auditorías por parte del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), y aunque algunos tenían indicios de responsabilidad penal, nadie guarda prisión por esa causa.
El 3 de agosto de 2022 el TSC inició el proceso de entrega al Ministerio Público (MP) de 1,100 expedientes de auditorías e investigaciones relacionadas con el Fondo Social de Planificación Departamental, el Fondo de Desarrollo Departamental.
De la totalidad de expedientes referidos en ese momento al ente acusador del Estado, seis de ellos tenían claros indicios de responsabilidad penal, es decir, de haberle dado un mal uso a los fondos estatales, por parte de los diputados del CN.
Al consultarle al actual magistrado presidente del TSC, José Juan Pineda Varela, sobre este tópico y si quedaron expedientes o recursos pendientes por presentar en el MP, este evadió la pregunta diciendo: “Yo le puedo dar esa respuesta después, por que en este momento es importante que usted como hondureño enaltezca la institución fiscalizadora”, adujo Pineda Varela.
“Háganme preguntas relacionadas para qué sirve esta institución”, recomendó a la prensa el funcionario público.
Actualmente se desconoce si el TSC sigue trabajando en investigar el uso del dinero del Fondo Departamental.
Corrupción
Desde el Congreso Nacional, los diputados de oposición manifestaron ayer su voluntad de someter a discusión la derogación de los artículos que dan vida a las cuestionadas subvenciones.
“Hay dos figuras legales que hay que derogar, lo que el PN pedía era que se derogara la subvención pero también hay que atacar el Fondo Departamental, nosotros como PSH estamos dispuestos a que sean derogados”, apuntó el jefe de bancada del Partido Salvador de Honduras (PSH), Jhosy Toscano.
Por su parte, el diputado del Partido Nacional, Tomás Zambrano, expresó que “los de Libre son cínicos y de doble cara porque continúan cobijándose en el mayor pacto de impunidad que protege a corruptos del gobierno de ‘Mel’”.
No obstante, desde de la bancada liberal, parlamentarios que no son beneficiados con el bono otorgado por el CN se manifestaron a favor de eliminar ambas leyes que generan corrupción e impunidad.
El Congreso de Redondo otorga 100 mil lempiras mensuales a los diputados oficialistas por concepto de subvenciones.
