TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Con un simple oficio y sin hacer uso de la iniciativa que le confiere la ley, el Poder Ejecutivo solicitó el viernes al Congreso Nacional que someta a debate la derogación total del nuevo Código Penal o en su caso hacer reformas profundas con la participación y el consenso de todos los sectores del país.
El documento fue remitido a la Secretaría del Poder Legislativo por el secretario de la Presidencia, Ebal Díaz, el cual consta de dos páginas.
“En nombre del presidente de la República y del Poder Ejecutivo, solicito que por su medio sea expuesta esta petición a consideración del pleno del Congreso Nacional”, conforme al último párrafo de la misiva SDP 162-2020.
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Plantea que “el gabinete de seguridad y defensa ve con preocupación que la normativa contenida en el Código Penal representa un debilitamiento de los operadores de justicia en la lucha contra el crimen organizado y el combate de la violencia”.
“Por ello, previo a su sanción acordamos con las autoridades del Congreso Nacional hacer reformas profundas y antes de su entrada en vigencia propusimos al seno de este poder del Estado reformas en ese sentido que desafortunadamente no fueron atendidas”, añade la solicitud.
El funcionario ya había anunciado que se enviaría la petición al Poder Legislativo debido a que no consideraban conveniente que cobrara vigor este conjunto de normas en medio de la pandemia del covid-19.
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No hay voluntad
Muchos sectores de la sociedad pensaron que las horas del nuevo Código estaban contadas ante la petición que haría el Ejecutivo al CN, pero de parte del órgano unicameral no hay voluntad para proceder a su derogación.
Los argumentos jurídicos que antes para la directiva del Congreso eran inválidos ahora se amparan en ellos para no proceder a su abrogación ni cambios expeditos, pese al rechazo popular del marco legal que rebaja las penas para una diversidad de delitos.
En el caso de las reformas profundas a ilícitos serán a largo plazo hasta la suspensión del Estado de excepción decretado por la pandemia del coronavirus que afecta a la nación.
“Estamos en una situación complicada porque en el período de emergencia la Constitución nos prohíbe el poder discutir penas y delitos cuando son nuevas; debemos de ir preparando en una mesa de trabajo todo el paquete de reformas que sean procedentes, tenerlas listas y en su momento cuando no exista por decreto ejecutivo ratificado por el Congreso situación de emergencia poderlas discutir y aprobar de forma rápida”, mencionó el vicepresidente del Legislativo, Mario Pérez, a Frente a Frente.
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Aunque el diputado del Partido Nacional hace alusión al artículo 188 constitucional, la misma disposición prohibía que la normativa cobrara vigor al contemplar nuevas figuras delictivas, aseguraron a EL HERALDO profesionales del Derecho.
El CN insiste que para derogar este instrumento jurídico no procede por el resto del año debido a que fue desaprobada una iniciativa ciudadana impulsada por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) que, contrario a lo que se afirma por los directivos de este poder estatal, buscaba que el Código no entrara en vigencia nunca y no su abolición.
“Diría que jurídicamente es imposible porque en esta misma legislatura el Congreso Nacional ya tomó una decisión sobre derogación que fue la iniciativa ciudadana que presentaron varias organizaciones”, mencionó Pérez. Consideró que lo que cabe son enmiendas a la ley en vigencia hace 72 horas en el país.
Sin embargo, Díaz sostuvo que “con un artículo se deroga (el nuevo Código Penal) y con el otro se pone en vigencia el anterior, eso no es problema”.
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