Tegucigalpa, Honduras
El Ministerio Público (MP) presentó un recurso de inconstitucionalidad en contra de la polémica reforma de la Ley del Presupuesto General de la República.
En su recurso, la Fiscalía de Defensa de la Constitución estableció que con dicha reforma se están violentando preceptos constitucionales.
“Se ha establecido una norma de carácter en una regulación transitoria, es decir que la reforma en el decreto excede en su alcance y temporalidad a la validez del decreto que la contiene”, estableció en uno de sus argumentos el MP.
La Fiscalía de Defensa de la Constitución indicó que con esa enmienda se reemplaza la facultad que tiene el Poder Judicial de juzgar.
“Se otorga la facultad al Tribunal Superior de Cuentas de determinar la facultad civil, penal o administrativa, investigación especial subrogándose a la facultad constitucional de juzgar, que conforme al artículo 304 de la Constitución de la República solo le corresponde al Poder Judicial”, argumentaron los fiscales.
Asimismo, establecieron que la reforma de la Ley Orgánica del Presupuesto contenida en el artículo 131-A, vulnera el principio de retroactividad de la ley en materia administrativa establecido en el artículo 96 constitucional extendiendo los efectos derivados del decreto considerado inconstitucional a hechos existentes antes de su entrada en vigor.
“La reforma al artículo 16 de la Ley Orgánica del Presupuesto contraviene a la división de funciones básicas del Estado, pues otorga facultades administrativas de recursos públicos en la ejecución de proyectos comunitarios o sociales al Poder Legislativo, pero estos son del Poder Ejecutivo”, argumentaron.
Es el segundo recurso interpuesto en la Sala Constitucional en contra de la polémica reforma, para hoy se tiene previsto que la sociedad civil interponga otro recurso de inconstitucionalidad.
Los recursos surgen debido a que, según la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (Maccih), la enmienda le arrebata atribuciones investigativas y frena los avances en la lucha contra la corrupción. La reforma fue aprobada justo cuando la Maccih y el MP investigaban una red de más de 60 diputados que supuestamente se apropiaron más de 1,300 millones de lempiras.
