TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El nuevo Código Penal que entrará en vigencia en noviembre pretende favorecer a funcionarios y exfuncionarios implicados en actos de corrupción.
La nueva normativa no solamente suaviza las penas en distintos tipos penales, sino que da facilidades para que quien se apropie de dinero público no vaya a prisión.
El último párrafo del artículo 432 de la legislación que penaliza el delito de fraude de subvenciones y ayuda indica que “queda exento de responsabilidad penal quien recibió la subvención o ayuda, si procede al reintegro de lo recibido con su recargo e intereses, antes de que el Ministerio Público presente el requerimiento ante el órgano jurisdiccional competente”.
Este apartado legal ha generado muchísima desconfianza en algunos sectores de la sociedad civil que están solicitando al Congreso Nacional la derogación total del nuevo Código Penal, que se encuentra en vacatio legis.
“Ahora quienes hayan obtenido fondos a través de ONG y lo hayan mal utilizado, con el solo hecho de devolverlo, quedan exentos de responsabilidad penal”, cuestionó Odir Fernández, jefe de investigaciones del Consejo Nacional Anticorrupción
