TEGUCIGALPA, HONDURAS. -En el aire se encuentran ocho millones de lempiras de las aportaciones mensuales que los empleados hacen al Sindicato del Registro Nacional de las Personas (Sitrarenape), retenidos desde el 1 de junio de 2015.
EL HERALDO tuvo acceso a documentos que revelan una disputa interna en el RNP entre dos juntas directivas del Sitrarenape, de las cuales solo una podrá acceder al dinero.
Retención
Desde el 1 de junio del 2015 ocho millones de lempiras de las aportaciones sindicales de los empleados del RNP están retenidas.
La determinación se tomó luego de anomalías al interior del Sitrarenape, en las que supuestamente se malversaron cerca de siete millones de lempiras del periodo del 2011 a 2014.
Desde ese entonces el RNP ha deducido como corresponde el 1 por ciento del salario mensual a los sindicalistas, pero sin pasárselos a su administración.
Pero, ante la salida del antiguo directorio, llegó a manos de la recién nombrada Junta Interventora del RNP una solicitud en la que una de las directivas del Sitrarenape, que preside el señor Edis Antonio Moncada Eguigure, solicitó “emitir la correspondiente resolución de acuerdo al articulo 85 de la Ley de Procedimientos Administrativos... así procedan sin más trámites a acreditar el monto de las cuotas sindicales que no han sido enteradas a la organización sindical desde junio de 2015 a la fecha”.
Moncada Eguigure, según el oficio No. SGPGR-136-2018, con fecha del 11 de octubre del 2018 de la Procuraduría General de la República, “no se presentó a la institución a honrar la deuda que tiene con el Estado, por lo tanto se promovió la demanda de ejecución de titulo extrajudicial ante el juzgado correspondiente”.
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Este proceso legal que fue ratificado por el Ministerio Público (MP), en la constancia No. SG-1587-2018 en la que la Fiscalía Especial contra los Delitos Comunes acusó a Eguigure “por suponerlo responsable del delito de malversación de caudales públicos... Actualmente se encuentra en etapa de investigación”.
Estos procesos sobre Eguigure orillaron a que los afiliados al Sitrarenape convocarán a votación para elegir un nuevo presidente, cargo que quedó en manos de Darío Cáceres, quien con la nueva junta directiva acudió al ministerio del Trabajo para cumplir los compromisos de ley siendo reconocidos legalmente. Ambas juntas directivas aducen ser las legitimas.
Ante esto la Dirección General de Inspección de la Secretaría del Trabajo resolvió sin lugar el traslado de los ocho millones de lempiras a algunas de las juntas directivas, “hasta que mediante fallo de los tribunales competentes resuelvan su conflicto interno en vista que obran en auto las certificaciones de dos juntas directivas centrales del Sitrarenape, una presidida por Edis Antonio Moncada y la otra presidida por Dario Eliezer Cáceres”.
Cabe mencionar que la junta directiva liderada por el señor Darío Cáceres denunció que existen presiones por medio de su contraparte, quienes acuerpados por diversas centrales obreras exigen a la recién nombrada Junta Interventora que les libere los fondos retenidos desde 2015.
Por su parte, los afiliados al Sitrarenape exigen que se les devuelva el dinero directamente a sus bolsillos o que se convoque a un proceso de votación para elegir una sola junta directiva.
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