TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Tras finalizar la audiencia inicial, seis de los implicados en el caso del fraude en el proyecto Residencial Morazán, conocido como “casas contenedores” podrán defenderse en libertad de acuerdo a la resolución del juez.
Los funcionarios públicos beneficiados con esta medida cautelar serán Juan Ramón Cruz, exdirector del Fondo Social para la Vivienda (Fosovi); Mario León Gómez, director de la Unidad Ejecutora de Proyectos (UEP) del Instituto de la Propiedad; la exgerente de la EUP, Tania Michelle Montoya; Sonia Morales Romero, excomisionada presidente de Comisión para la Promoción de la Alianza Público Privada (Coalianza), Edmundo Cuadra y Lizeth Guadalupe Villatoro, representante de una institución financiera privada.
Asimismo, dos representantes de una institución financiera gozarán de esta medida distinta a la prisión preventiva. Estos son Lizeth Guadalupe Villatoro y Edmundo Cuadra.
La defensa interpondrá un recurso de apelación ante el auto de formal procesamiento dictado por el juez que lleva la causa. La abogada Danelia Ferrera afirmó que en esta audiencia no fueron informados sobre los medios de prueba que fueron admitidos. “Es necesario motivar porque había suficientes pruebas para ser valoradas y ser consideradas para su decisión”, mencionó.
La audiencia preliminar quedó programada para el 19 de septiembre, pero esta fecha puede cambiar de acuerdo a la decisión que tome la Corte de Apelaciones ante el recurso que interpondrá la defensa de los imputados.
Caso “Casas contenedores”
Residencial Morazán consistía en un proyecto habitacional destinado para las familias afectadas por los huracanes Eta e Iota en 2021, para el cual se planificó una inversión de más de 428 millones de lempiras, de los cuales se ejecutaron 283.8 millones.
EL HERALDO evidenció la falta de transparencia encontrada en todos los procesos de este proyecto, pues de las más de mil casas que deberían haber sido instaladas, solo 23 de ellas están habitadas. De estas, solo 10 familias que las ocupan fueron realmente afectadas por los huracanes.
Ante esta situación, el Ministerio Público presentó un requerimiento fiscal contra 16 personas, incluido el exministro de la Presidencia, Ebal Díaz, quien se encuentra prófugo de la justicia en Nicaragua.
A los involucrados se les acusa de fraude en el fallido proyecto Ciudad Morazán, el cual debía ser ejecutado por la Secretaría de la Presidencia por 294 millones de lempiras.
