Tegucigalpa, Honduras
En los últimos dos años el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) ha presentado al menos 15 líneas de investigación ante el Ministerio Público por presuntos actos de corrupción cometidos en igual número de alcaldías municipales.
Sin embargo, el ente acusador mantiene engavetadas las mismas y no ha emitido ningún requerimiento fiscal contra quienes han cometido estos ilícitos. En la mayoría de los casos, el CNA sindica responsabilidades en delitos como malversación de caudales públicos, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de los funcionarios y fraude, entre otros.
No obstante, EL HERALDO conoció que en las próximas semanas, los fiscales concluirán una investigación, en la cual se arrojará un requerimiento fiscal por los delitos anteriormente mencionados.
Entre las municipalidades denunciadas por el ente de la sociedad civil figuran la de Tela, Atlántida, por la venta irregular del dominio de los terrenos y derechos de vía del Ferrocarril Nacional, ocasionando un perjuicio de más de 18 millones del Estado de Honduras.
En este caso, recientemente el CNA presentó las diligencias investigativas ante la Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública (Fetccop), pero aun no se ha emitido ninguna acusación.
Asimismo, sobresale la administración municipal de 2010 al 2013 de El Progreso en Yoro, en donde arbitrariamente, según el informe del CNA, se sobrevaloró en más de cinco millones de lempiras la construcción de unas canchas de fútbol, cuyo costo real oscilaba en aproximadamente 1.7 millones de lempiras.
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Además, figura la alcaldía de San Isidro, Intibucá, cuya corporación municipal sobrevaloró la construcción de un proyecto de alcantarillado por más de 6,930,651 lempiras. El alcalde de este municipio, Francisco Martínez, está en prisión en La Esperanza, Intibucá, por supuesta responsabilidad en el delito de homicidio en perjuicio del novio de su hija.
A esta lista se une la alcaldía de Ojojona, Francisco Morazán, donde un exalcalde municipal y actual regidor celebró un contrato de arrendamiento por 15 años a 7,992 lempiras mensuales, contraviniendo así la resolución de corporación municipal donde se le pide la compra de un terreno y no el arrendamiento. Además de las alcaldías de La Ceiba, El Porvenir, Santa Ana y Vallecillo, donde se cometieron actos irregulares, pero se encuentran en la impunidad.
