TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El Departamento de Estado de Estados Unidos confirmó este martes que decidió imponer restricciones de visa a varios políticos hondureños, a quienes acusa de realizar actos de violencia e intimidación en el marco de la elección del fiscal general y fiscal adjunto del Ministerio Público.
La noticia fue dada a conocer a través de un comunicado de prensa emitido por Matthew Miller, el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos. En el documento se explica que el motivo de la suspensión es por considerar que los funcionarios hondureños “permitieron el nombramiento irregular y sin precedentes de un fiscal general interino y un fiscal general adjunto interino”.
Además, indica que “varias de estas personas llevaron a cabo actos de violencia e intimidación, y otras fomentaron el conflicto entre el pueblo hondureño al llamar a grupos violentos a movilizarse”, estas acciones habrían resultado en agresiones físicas y actos de intimidación contra otros.
De momento se desconocen los nombres de los políticos hondureños afectados con la medida, pues el Departamento de Estado justificó que los registros de visa son confidenciales.
Por otro lado, se explicó que la medida restrictiva está amparada en la sección 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad del país norteamericano.
La noticia también fue confirmada por Brian Nichols, el subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental, Departamento de Estado de Estados Unidos, quien publicó en su cuenta de X (antes Twitter) lo siguiente: “Condenamos los intentos de socavar la democracia hondureña mediante la violencia y actos de intimidación para permitir el nombramiento sin precedentes de un fiscal general y un fiscal general adjunto interinos sin los votos necesarios”.
Estados Unidos reprueba elección del fiscal
Desde el gobierno de Estados Unidos afirman que la manera en cómo se dio la elección de las actuales autoridades del Ministerio Público, son acciones antidemocráticas, que socavan las instituciones de Honduras y no están alineadas con los principios básicos de la Carta Democrática Interamericana que Honduras firmó al ser miembro de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en septiembre de 2001.
Es por ello, que el comunicado del Departamento de Estado pidió que el “orden regular pueda restaurarse por medios pacíficos, transparentes y democráticos”. Además, reiteró su apoyo a la población y a quienes buscan fortalecer la democracia en el país.
Respuesta del gobierno de Honduras
Tras leer el comunicado, desde el gobierno hondureño reaccionó el ministro de la Presidencia, Rodolfo Pastor, quien dijo a EL HERALDO que “condeno la injerencia externa en asuntos soberanos”.
“Es interesante que no den los nombres, me imagino que ahí van a sancionar por parejo a todos los involucrados en actos de violencia en el Congreso. Pero es una más de esas medidas unilaterales mediante las cuales una potencia extranjera busca modificar una decisión soberana con la que no está de acuerdo”, denunció a este rotativo.
¿Cómo fue la elección de los fiscales interinos?
La fecha límite para elegir a los nuevos fiscales del Ministerio Público era el 1 de septiembre, pero para entonces, los diputados del Congreso Nacional de Honduras todavía no lograban ponerse de acuerdo sobre quiénes ostentarían el cargo.
La Junta Proponente conformada para elegir a los mejores candidatos de una lista de varios abogados que se postulaban para ser fiscal general y adjunto durante los próximos siete años, seleccionó a los siguientes cinco aspirantes de acuerdo a la puntuación obtenida tras las múltiples evaluaciones del proceso:
1. Jenny Almendarez Flores
2. Mario Alexis Morazán Aguilera
3. Marcio Cabañas Cadillo
4. Johel Antonio Zelaya Álvarez
Pablo Emilio Reyes Theodore
Sin embargo, cada bancada representada en el Poder Legislativo tenía a sus favoritos, impidiendo que se lograra el consenso de 86 votos requeridos por la Constitución.
Los intentos para elegir a las nuevas autoridades del Ministerio Público fueron muchos, pero cada uno fracasó. Esto provocó que las sesiones en el Congreso se paralizaran y que las fuerzas políticas se sumieran en constantes negociaciones fallidas y en violentos enfrentamientos dentro del hemiciclo.
Posteriormente, el presidente del Congreso, Luis Redondo, juramentó a una Comisión Permanente, integrada por él mismo y otros ocho diputados (la mayoría del oficialismo) la cual se encargó de juramentar más adelante a un fiscal general y otro adjunto de manera interina. Los que elegidos fueron Johel Zelaya como fiscal general y Mario Morazán como fiscal adjunto. Ambos son señalados por su presunta afinidad al Partido de gobierno, Libertad y Refundación (Libre)
