Al no haber un procedimiento en el Código Procesal Penal que establezca cómo se van a manejar este tipo de peticiones, en razón de la extraterritorialidad, entonces la Corte Suprema de Justicia emitió un auto acordado en el 2013.
Según Madrid, en este auto acordado se define un procedimiento mediante el cual el Estado requirente debe presentar las solicitudes, alegar las normas del tratado bilateral que existe, presentar la evidencia y la Corte Suprema de Justicia designa un juez para que lleve el caso.
El juez libra la orden de captura contra la persona. Una vez realizado el arresto, el auto acordado establece que el detenido tiene el derecho a la defensa y nombra a su abogado y se determina una fecha de audiencia.
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“A la audiencia llega el acusado y su abogado, pero no la parte requirente para probar los hechos, entonces la decisión queda a criterio del juez designado para que apruebe o no la extradición”, explicó Madrid.
A su criterio, no existe el principio del descargo de la defensa, ni de las imputaciones que pueda hacer el país requirente. “Al no haber esa dualidad de posiciones, entonces el imputado queda solo”.
“Se ha dicho que eso es una violación al derecho de la defensa de los ciudadanos hondureños porque no tienen con quién debatir, prácticamente el juez de extradición asume que esa imputación que hace Estados Unidos es cierta, entonces aprueban la extradición y se llevan a la persona”.
Ese formalismo está colocado en el auto acordado. “Lo lógico es que haya una ley de extradición o que le hagan una adenda al Código Procesal Penal en la parte de procedimientos especiales que haga referencia a las solicitudes de extradición, sugirió Madrid.
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