Tegucigalpa, Honduras
La familia de la asesinada ambientalista hondureña Berta Cáceres exigió este martes al Ministerio Público anular la concesión a la hidroeléctrica acusada de propiciar el crimen en marzo de 2016, al presentar un informe de una organización no gubernamental internacional sobre el crimen.
La madre de la ambientalista, Austra Flores, advirtió en rueda de prensa que el informe 'Hechos y circunstancias alrededor del asesinato de Berta Cáceres', presentado este martes por Oxfam Internacional, expone 'argumentos válidos para exigir la anulación del permiso de operación de la empresa DESA'.
Flores entregó el informe al Ministerio Público para que investigue los procedimientos de la asignación del permiso y la licencia ambiental por parte de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente(SERNA) a la empresa DESA (Desarrollos Eléctricos S.A)
La ambientalista coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) fue asesinada, a los 44 años, la madrugada del 3 de marzo de 2016 por pistoleros que entraron a su casa en la comunidad de La Esperanza (oeste).
Cáceres gozaba de medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) porque había acusado a la empresa DESA de amenazarla de muerte.
Aseguró que las amenazas eran porque ella encabezaba manifestaciones para oponerse a la construcción de una represa en territorio indígena lenca.
En las conclusiones del informe de 25 páginas, Oxfam advirtió que 'la concesión y licencia ambiental a favor del Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca, sobre el río Gualcarque, fueron otorgadas y ampliadas por la SERNA a la empresa DESA, sin cumplir con la consulta libre, previa e informada en los términos que dispone el Convenio 169 sobre pueblos indígenas' de la Organización Internacional de Trabajo (OIT).
Ocho personas están presas sospechosas del asesinato de la ambientalista, incluyendo un empleado de DESA, pero la Oxfam y la familia exigen castigo para los autores intelectuales del crimen.
El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), organismo cúpula de los empresarios, salió en defensa de DESA, asegurando que esas versiones 'contribuyen a esconder la verdad sobre el crimen' y 'buscan detener proyectos que representan empleos y desarrollo' para familias hondureñas.
La familia de la asesinada ambientalista hondureña Berta Cáceres exigió este martes al Ministerio Público anular la concesión a la hidroeléctrica acusada de propiciar el crimen en marzo de 2016, al presentar un informe de una organización no gubernamental internacional sobre el crimen.
La madre de la ambientalista, Austra Flores, advirtió en rueda de prensa que el informe 'Hechos y circunstancias alrededor del asesinato de Berta Cáceres', presentado este martes por Oxfam Internacional, expone 'argumentos válidos para exigir la anulación del permiso de operación de la empresa DESA'.
Flores entregó el informe al Ministerio Público para que investigue los procedimientos de la asignación del permiso y la licencia ambiental por parte de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente(SERNA) a la empresa DESA (Desarrollos Eléctricos S.A)
La ambientalista coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) fue asesinada, a los 44 años, la madrugada del 3 de marzo de 2016 por pistoleros que entraron a su casa en la comunidad de La Esperanza (oeste).
Cáceres gozaba de medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) porque había acusado a la empresa DESA de amenazarla de muerte.
Aseguró que las amenazas eran porque ella encabezaba manifestaciones para oponerse a la construcción de una represa en territorio indígena lenca.
En las conclusiones del informe de 25 páginas, Oxfam advirtió que 'la concesión y licencia ambiental a favor del Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca, sobre el río Gualcarque, fueron otorgadas y ampliadas por la SERNA a la empresa DESA, sin cumplir con la consulta libre, previa e informada en los términos que dispone el Convenio 169 sobre pueblos indígenas' de la Organización Internacional de Trabajo (OIT).
Ocho personas están presas sospechosas del asesinato de la ambientalista, incluyendo un empleado de DESA, pero la Oxfam y la familia exigen castigo para los autores intelectuales del crimen.
El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), organismo cúpula de los empresarios, salió en defensa de DESA, asegurando que esas versiones 'contribuyen a esconder la verdad sobre el crimen' y 'buscan detener proyectos que representan empleos y desarrollo' para familias hondureñas.
