Las hijas de la asesinada ambientalista hondureña Berta C áceres demandaron este miércoles apoyo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para investigar el crimen, porque consideran que las autoridades pretenden encubrir a los culpables.
'Demandamos en el marco del cumplimiento de las medidas de protección, la firma inmediata de un convenio de asistencia técnica entre el Estado de Honduras y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ', afirmó en rueda de prensa Olivia, de 24 años, hija mayor de la dirigente indígena.
El convenio, según la propuesta, debe conducir a formación de una comisión de personas expertas, independientes y de confianza (...) que participen en la investigación que realiza el Ministerio Público.
Olivia compareció en rueda de prensa junto sus dos hermanas Berta y Laura; el subcoordinador del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), Tomás Gómez; el mexicano testigo del crimen, Gustavo Castro, y el abogado Víctor Fernández.
La CIDH ordenó medidas cautelares para la familia de Cáceres y los miembros del Copinh, de la etnia lenca, luego de que la activista fuera asesinada a tiros la madrugada del 3 de marzo por dos encapuchados que entraron a su casa en La Esperanza, 200 km al noroeste de la capital, ataque en el que también resultó herido el mexicano Castro.
Fernández denunció que el Ministerio Público está investigando como 'única hipótesis' que 'la muerte de ella se debe a un conflicto interno' en el Copinh, pero la condición de Cáceres como 'defensora de derechos humanos, establece la obligación del Estado de Honduras de investigar primero las causas relacionadas con su actividad'.
'Nosotros tenemos un listado significativo de fuentes de peligro que tenía Berta Cáceres, de personas incluso que la habían amenazado', añadió el abogado, aunque pidió que se investiguen todas las hipótesis.
Olivia advirtió que la muerte de su madre 'no constituye un hecho aislado, su muerte demuestra la grave situación de riesgo en que nos encontramos los defensores de derechos humanos y en particular quienes defendemos los derechos de los pueblos indígenas y los bienes comunes de la naturaleza y en contra de la explotación de nuestros territorios'.
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En ese sentido, demandó que 'se cancele de manera inmediata y definitva la concesión otorgada a la empresapara el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, puesto que ha sido la fuente principal de las amenazas, la persecución y la agresión contra la comunidad lenca del Río Blanco y las personas integrantes del Copinh'.
'Este proyecto constituye una amenaza permanente para nuestra seguridad', sentencó demandando investigar esa empresa en relación con el crimen.
Por su parte, Gómez anunció el inicio de nuevas movilizaciones contra la empresa hidroeléctrica y un gran encuentro internacional, probablemente entre 14 y 15 de abril próximo, para demandar justicia y el cese de los proyectos hidroeléctricas y mineros en comunidades indígenas.