Al menos dos testigos protegidos declaron la tarde del lunes por el homicidio de la dirigente indígena Berta Cáceres, asesinada por sicarios el pasado jueves, según fuentes radiales.
Aunque las personas entraron a los juzgados de Intibucá, al occidente de Honduras, con el rostro cubierto, se maneja que uno de ellos es Gustavo Castro Soto, el mexicano que acompañaba a Cáceres en la noche del asesinato y quien resultó herido.
La comparecencia, que se desarrolló a puertas cerradas, inició a las 11:00 de la mañana de ayer y finalizó pasadas las 7:00 de la noche; se hicieron presentes el cónsul mexicano, representantes de derechos humanos, miembros de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y autoridades policiales.
El juez que conoce el caso determinó que Castro Soto deberá permanecer bajo el cuidado y custodia del personal de la embajada de México en Tegucigalpa.
El gobierno de Honduras informó desde el primer día del crimen que tenían bajo custodia policial a dos testigos, de los cuales uno entraba en la figura de protegido, y un sospechoso.
Se manejó que los testigos detenidos eran Castro Soto, de profesión sociológico y activista ambiental, y el guardia de seguridad José Ismael Lemus Lemus, custodio de residencial El Líbano, donde fue asesinada Cáceres, por lo que se presume que son los mismos que este día prestan su declaración.
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Investigaciones
En un principio, los investigadores detallaron que manejaban tres móviles del asesinato: robo, crimen pasional o producto de su beligerante lucha contra la instalación de una represa en su comunidad.
No obstante, Chinchilla precisó que la investigación se redujo a dos causas, aunque aclaró que no brindó detalles para no contaminar el proceso.
Sin embargo, las indagaciones no han terminado cuando los escándolos ya envuelven el caso, pues la hermana de Berta, Isis Cáceres, acusó al partido Libertad y Refundación (Libre) de usar sus restos como 'bandera política'.
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Para esclarecer el vil asesinato, un equipo del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) presta colaboración a las autoridades investigativas.
EL HERALDO conoció que ayer por la mañana los investigadores se trasladaron al sector de Colomoncagua, en la frontera con El Salvador, ya que personas del sector aseguran que uno de los vehículos en el que se transportaban los asesinos circuló en ese sector del país.
Los investigadores permanecerán en el lugar para ayudar a determinar quiénes son los responsables del hecho.
Niegan salida a mexicano
El domingo pasado se denunció que el gobierno de Honduras negó la salida de Castro Soto, cuando este se aprestaba ese mismo día a las 5:00 de la mañana a abordar un avión en el aeropuerto capitalino Toncontín para retornar a México.
La denuncia fue difundida por la organización Otros Mundos Chiapas, de la cual el mexicano es coordinador, bajo el temor de la integridad del testigo. Horas después, Cancillería hondureña confirmó la noticia, pero garantizó su seguridad durante el proceso.
El fiscal general Oscar Chinchilla explicó que se giró la alerta migratoria la noche del sábado, pues Castro Soto no había rendido su declaración como testigo del lamentable hecho que trascendió fronteras nacionales.
Según la versión inicial, el mexicano dormía en otra habitación de la casa de la dirigente hondureña al momento que entraron los criminales a cometer el crimen alrededor de la 1:00 de la madrugada del jueves.
Los hechores dispararon contra la humanidad del sociológo, pero resultó levemente herido de bala en una oreja y un brazo. En un instinto de supervivencia, simuló su muerte y, al salir los sicarios, escapó a un lugar seguro para alertar del crimen.
