Tegucigalpa, Honduras.- Los hondureños amparados en el Estatus de Protección Temporal (TPS), están preocupados debido a que el 5 de julio vence el plazo para renovar el acuerdo por otros 18 meses.
Jessica Girón representante para Honduras en la Alianza Nacional TPS, declaró a EL HERALDO que restan unos seis meses para poder lograr una ampliación y así evitar que haya masivas deportaciones.
Son alrededor de 58,000 hondureños que están bajo este estatus de protección que están solicitando, tanto al gobierno de Estados Unidos, como al de Honduras, que los dejen protegidos, antes que llegue el gobierno del presidente Donald Trump.
Lo que se debe acelerar es el procedimientos por medio de la Secretaría de Relaciones Exteriores de Honduras, haciendo la solicitud de ampliar el TPS por unos 18 meses más.
El gobierno de Estados Unidos es el que debe de estar de acuerdo si lo amplía o no, pero el presidente Trump ha sido claro que lo que busca es terminar este tipo de beneficios para la comunidad migrante.
Como medida de presión, un grupo de Hondureños desarrolla una huelga de hambre por ocho días, para que la administración del presidente Joe Biden autorice la ampliación del TPS antes de Navidad o antes que deje su mandato.
“Sabemos que si llega al 20 de enero y no hace el anuncio de la renovación, lo más seguro es que el programa pueda ser cancelado”, dijo Girón, y sería un riesgo para la comunidad catracha.
Girón expresó que ellos creen que hay buenas relaciones entre el gobierno de Honduras y Estados Unidos, porque han sostenido reuniones y las notas que han enviado han sido recibidas.
“Según lo que nosotros hemos visto, hay una buena comunicación y esperamos que se vuelva a renovar, porque sería muy lamentable volver a estar en la situación del 2018, cuando se canceló el Programa”, expresó.
Un aviso del Departamento de Seguridad Nacional informó que ha extendido la validez de ciertos Documentos de Autorización de Empleo (EAD), emitidos a beneficiarios del TPS, bajo las designaciones de El Salvador, Honduras, Nepal, Nicaragua y Sudán, hasta el 9 de marzo de 2025.
