Tegucigalpa, Honduras.- Diversos actores políticos cuestionan la instrumentalización de una cadena nacional por parte del fiscal general, Johel Zelaya, para exponer una acusación particular en contra del exalcalde y precandidato nacionalista opositor, Nasry Asfura.
El diputado nacionalista Daniel Discua, señaló que, al hacer público un proceso de investigación, el fiscal Zelaya no solo se pasó por alto y violentó el principio de inocencia que todo hondureño posee, sino que parcializó el caso.
“Se acabó el Estado de inocencia en Honduras, ahora no se le juzga a uno en los tribunales, sino en cadena nacional, olvidando los principios que indica la ley, el Código Penal indica que las investigaciones del Ministerio Público deben mantenerse en secretividad para que no sean sesgadas, porque si no le mete presión a los jueces que van a conocer la causa”, reaccionó el parlamentario.
El Código Procesal Penal, Artículo 2, establece claramente el principio de estado de inocencia. “Todo imputado será considerado y tratado como inocente mientras no se declare su culpabilidad por el órgano jurisdiccional competente”.
También, el Código de Ética de los Servidores del Ministerio Público en su Artículo 1 marca los límites de los funcionarios judiciales. En ese sentido, los fiscales, agentes de investigación, médicos forenses y demás peritos forenses, ejercerán su cargo con dignidad, absteniéndose de toda conducta contraria a la seriedad y al decoro.
Por consiguiente, establece que deberán “abstenerse de emitir juicio público o privado sobre los asuntos en que intervengan, calificando los hechos, divulgando la identidad de los denunciantes o de los investigados, anticipando criterios sobre los pronunciamientos de los tribunales. Solamente podrán pronunciarse sobre aspectos de carácter general y doctrinario”.
En ese sentido, Suyapa Figueroa, diputada por el Partido Salvador de Honduras (PSH), señaló que el fiscal Zelaya no tiene credibilidad ante el pueblo, ya que llegó al puesto por una negociación política y, por lo tanto, no obedece más que a los intereses de su partido Libre.
“No es el indicado para hacer señalamientos, todo mundo sabe que el fiscal Johel Zelaya no tiene credibilidad”, reiteró la parlamentaria.
De su parte, el diputado liberal Yuri Sabas, recordó que se está cerca de una contienda electoral y con la euforia política, los candidatos harán y sacarán toda la batería contra sus oponentes.
Sin embargo, lamentó que funcionarios públicos tengan un discurso político refriéndose a las infortunadas y recientes declaraciones del jefe del Estado Mayor Conjunto Roosevelt Hernández, quien pidió abiertamente en una conferencia la aprobación de la Ley de Justicia Tributaria que se discute en el Congreso Nacional. “Es lamentable, el jefe militar hablando de lo que no sabe por una línea política”, reprochó.
Polémica cadena
El asombro de la sociedad sobre la polémica cadena nacional radica en que la ley no otorga facultad a cualquier entidad a emitir una cadena nacional.
El Reglamento específico para transmisiones de cadenas nacionales indica que deben ser para emitir mensajes de los presidentes de los tres poderes del Estado para casos de emergencia nacional, interés nacional, cívico, cultural y cuando corresponda a un mensaje del Tribunal Supremo Electoral.
La cadena nacional aprobada por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), al fiscal Zelaya dejó un sinsabor en la sociedad civil que ve una clara persecución política, aseguran expertos.
El caso expuesto se trata de la acusación contra el exedil Nasry Asfura y siete exfuncionarios municipales, acusados de abuso de poder, fraude y malversación de caudales públicos entre otros delitos por un monto de 28 millones de lempiras. Tras una imposición de fianza por 22 millones de lempiras (15 millones Asfura y un millón cada coacusado) se defenderán en libertad. La audiencia inicial quedó pactada para el próximo 4 de noviembre.
