TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El Ministerio Público (MP) atraviesa una de sus peores crisis desde que comenzó a operar en 1994.
Desde hace más de dos meses, un grupo de fiscales iniciaron una serie de manifestaciones, cuyos alcances han sido nefastos, de acuerdo con analistas, porque se ha dejado de realizar autopsias, presentación de acusaciones y el vencimiento de medidas cautelares, provocando una severa impunidad.
Los manifestantes exigen un incremento salarial, el que han venido recibiendo en los últimos años, pero que en este 2023 no fue contemplado por el Congreso Nacional en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República.
Pero, ¿cuánto eroga el Ministerio Público por concepto de salarios a empleados y fiscales?
De acuerdo con las cifras oficiales, este órgano contralor del Estado desembolsa más de 108.2 millones de lempiras al mes, que son destinados al pago de salarios de 3,788 funcionarios; entre ellos 3,599 empleados por acuerdo y 189 por contrato.
En los últimos años, la planilla de la Fiscalía se ha incrementado por el alto costo de la vida y la inflación.
En noviembre de 2020, la planilla del MP alcanzaba los 100 millones de lempiras y en 2021 sobrepasaba los 103.7 millones de lempiras.
El salario de un agente de investigación oscila entre 20 mil y 25 mil lempiras al mes. Mientras que el de un detective oscila entre 20 mil y 40 mil lempiras mensuales.
¿Medidas disciplinarias?
Aunque los manifestantes lograron un aumento de 3,600 lempiras, las protestas persisten en el Ministerio Público.
En un documento oficial, al que tuvo acceso EL HERALDO, los protestantes plantean una especie de “borrón y cuenta nueva”, para no recibir los castigos disciplinarios contemplados en el Reglamento Interno del MP.
A lo largo de la crisis se reportaron agresiones a empleados del organismo fiscal, el encadenamiento de las oficinas, intimidaciones y apología al odio a quienes no se incluían a las protestas, entre otros.
Los manifestantes plantean en el documento que “luego de la conclusión de la protesta pacífica se genere un ambiente laboral adecuado, que facilite poner al día las labores institucionales”.
Además, que el fiscal general Óscar Chinchilla “adquiera el compromiso de no realizar ni realicen acciones que generen intranquilidad laboral, prohibiendo a todos los superiores jerárquicos en absoluto de todas las direcciones ejecutar acciones que puedan traducir en apertura de procesos disciplinarios por acciones u omisiones durante el tiempo de la protesta”.
Al consultar sobre las sanciones disciplinarias a los manifestantes, una fuente del MP declaró: “Eso se verá hasta que se regrese”. Mientras tanto la Fiscalía sigue tomada.
