TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El proceso contra el excapitán de las Fuerzas Armadas, Santos Rodríguez Orellana, su esposa Jennifer Lizzeth Bonilla y su suegra Reina Lizeth Bonilla, llega este viernes a audiencia de proposición de pruebas en la que la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) espera que se resuelva iniciar un juicio contra.
Los tres imputados por lavado de activos fueron capturados el año anterior, por la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), mediante allanamientos de morada en Tegucigalpa, Francisco Morazán y Yamaranguila, Intibucá, donde además se aseguraron 15 bienes inmuebles, siete sociedades mercantiles y 10 vehículos, mismos que fueron traspasados a la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI).
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De acuerdo a la fiscalía, el excapitán realizaba operativos en la zona de Gracias a Dios y al encontrar dinero o droga no la declaraba en su totalidad quedándose con parte de lo incautado y las armas decomisadas eran llevadas a un grupo delictivo de La Ceiba denominado ZIPE.
También, Rodríguez Orellana habría participado en decomisos de vehículos con millonarias cantidades de dólares y según testigos estaría involucrado en la muerte de muchas personas incluido un informante de la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos DEA. Asimismo, en escuchas telefónicas se comprobó que éste negociaba entregas de drogas luego que era robada a otras organizaciones criminales en el sector de La Mosquitia. Todo este dinero consecutivamente era enviado a su esposa y suegra.
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El Ministerio Público señala además que el excapitán en las Fuerzas Armadas recibió en concepto de ingresos brutos más de dos millones y medio de lempiras y en salarios netos 813,918 lempiras, sin embargo, su núcleo familiar (esposa y suegra) tuvieron, de acuerdo a los análisis bancarios y las fuentes de ingresos en el periodo comprendido entre los años 2010 a 2020, más de 238 millones de lempiras no justificados, existiendo una clara relación entre el lavado de dinero y el narcotráfico.
