En un agrio debate se han enfrascado las diferentes fuerzas políticas del país por la aprobación del paquete de reformas penales promovidas por el Poder Ejecutivo.
Aunque los diputados aún no han sido formalmente convocados a sesiones, las posturas políticas se mantienen y los consensos aún no se logran para la aprobación de la llamada Ley de Fortalecimiento y Efectividad de la Política de Seguridad en la cámara legislativa.
Y es que los ánimos se han caldeado sobre todo a nivel de la dirigencia de los partidos de oposición, luego de que el presidente de la República, Juan Orlando Hernández, culpara directamente a Manuel Zelaya Rosales y Salvador Nasralla, líderes de Libertad y Refundación (Libre) y del Partido Anticorrupción (Pac), por oponerse al conjunto de modificaciones a leyes y códigos, dilatando su oportuna admisión.
Los alcances de la reforma al artículo 335 del Código Penal contentivo del delito de terrorismo, así como la criminalización de la protesta pública, constituyen el meollo de este proyecto de decreto, pero que ya sufrió cambios de parte de la comisión especial que elaboró el dictamen.
El pasado 4 de enero, el gobierno remitió a la Secretaría del Poder Legislativo una iniciativa de ley que reforma ocho normativas vigentes para una lucha efectiva contra las diferentes formas de criminalidad. El endurecimiento de penas para los ilícitos de extorsión, al igual que terrorismo, se contempla y se incluye la imposición de sanciones pecuniarias que van de 50 hasta 5,000 salarios mínimos a los infractores. Previo a la culminación de la tercera legislatura, el dictamen de este conjunto de enmiendas pasó en primer debate y se le dio su segunda lectura el pasado 26 de febrero, quedando pendiente la discusión y a su vez aprobación en tercer y último debate que podría programarse en el CN entre el próximo 21 o 28 de febrero.
No politizar
“Creemos que el tema de seguridad no se debe politizar, le hacemos un llamado de manera muy respetuosa tanto al Partido Nacional, Libre y Pac, para que dejen de jugar con la seguridad del país”, manifestó el jefe de la bancada del Partido Liberal, Yuri Sabas.
Señaló que los cachurecos tienen un anuncio de televisión con este tema, mientras que las organizaciones de oposición se niegan a respaldar el paquete de reformas en materia de seguridad sin haberle dado la oportunidad de que sea discutido.
“Las reformas que ha mandado el Poder Ejecutivo prácticamente en la totalidad se han modificado, hay ciertos detalles que hay que mejorar aún más porque tenemos que proteger la libertad de expresión, protesta y las libertades de los ciudadanos”, sostuvo el parlamentario.
Si bien es cierto, el dictamen podría sufrir variaciones cuando se esté discutiendo por el pleno de diputados, exigió que los cambios surtan efecto mediante acuerdos con todas las bancadas y se admita por unanimidad. Zelaya Rosales, por su parte, calificó la postura de Hernández como la profundización de una campaña en contra de Libre y Pac.
“La ley antiterrorista no apunta a combatir la delincuencia, tiene como objetivo criminalizar la oposición”, subrayó a través de sus redes sociales. Nasralla también salió al paso de las acusaciones del mandatario y dijo a EL HERALDO que “el Presidente es un mentiroso, yo prácticamente no tengo bancada en el Congreso; la gente me conoce y saben que no tengo nada que ver con maras”. Los cabildeos continúan por parte del PN que requiere un poco más de una decena de votos para lograr que este polémico proyecto de decreto sea aprobado sobrepasando la mayoría simple.
