TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El secretario privado de la presidenta Xiomara Castro, Héctor Zelaya, confirmó este domingo que el partido Libertad y Refundación (Libre) no ha renunciado a la “Cuarta Urna” y es una herramienta que utilizarían en medio de la gestión del oficialismo.
“Por buscar esa democratización del país, de poder incorporar en decisiones trascendentales al pueblo hondureño, es que se somete a discusión y se pone sobre la mesa la cuarta urna el 2009. Hoy 12 años después no hemos renunciado todavía a darle esa herramienta a la población”, confirmó Zelaya.
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Sin embargo, descartó que esta herramienta sea utilizada a la brevedad, pero sí sería durante la gestión de su mamá, la mandataria Castro.
“No se ha hablado de fechas, no se ha hablado de una acción inmediata; se está hablando de un ideal, de un proyecto de partido que se quiere convertir en un proyecto de país”, adelantó Héctor Zelaya.
Cuarta urna, un eslabón fallido
La cuarta urna fue un proyecto del expresidente Manuel Zelaya (2006 - 2009) que provocó un conflicto social y la negación del Poder Judicial y Legislativo, lo que desencadenó un golpe de estado al mandatario de ese entonces.
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Este 2023 se cumplen 14 años de aquel hecho histórico que marcó un antes y un después en la democracia hondureña, que dejó muertos, heridos, daños a la economía, aislamiento del país ante la comunidad internacional y una división en la sociedad que todavía es latente.
El tema que dio origen a aquella crisis política fue la reelección. Zelaya pretendía consultarle al pueblo: “¿Está usted de acuerdo que en las elecciones generales del 2009 se instale una Cuarta Urna en la cual el pueblo decida la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente?”.
La Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Supremo Electoral, el Ministerio Público, las FF AA y los sectores políticos, económicos y las iglesias se opusieron porque sospechaban que Zelaya pretendía una Constituyente para posibilitar la reelección para su beneficio.
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Otros aseguraban que, tras la consulta, el jefe del gobierno iba a disolver los poderes del Estado y se quedaría en el poder.
La crisis de 2009 fue tal que quienes lo promovieron hablaban de una “sucesión constitucional”, pero luego la Comisión de la Verdad despejó las dudas al calificar la salida abrupta de Zelaya como un “golpe de Estado al Ejecutivo”.
