Tegucigalpa, Honduras
El objetivo es blindar los centros penales y evitar que desde ahí se comanden actos criminales. Pero, ¿podrá lograrse?
Esta es la tarea que ahora emprende el gobierno, según lo anunció el presidente Juan Orlando Hernández.
El mandatario informó que enviará al Congreso Nacional una iniciativa para reestructurar el sistema penitenciario.
A criterio de Hernández, estos cambios a la ley permitirán hacer acciones concretas para evitar que desde los centros penales haya comunicaciones en las que se ordene cometer un crimen.
¿Cómo lo hará?
Según el mandatario, una de las principales estrategias será aislar a los reos de máxima peligrosidad.
“Tienen que estar aislados, porque la prioridad es cuidar a la sociedad, los buenos hondureños”, expresó.
En ese sentido detalló que en la legislación debe existir una especie de clasificación de los reclusos y de acuerdo a eso definir qué nivel de aislamiento tendrán.
Hernández aseguró que el motivo de su iniciativa, que espera sea aprobada por el Congreso Nacional, es contrarrestar las acciones que desde los centros penales se organizan, entre ellos la extorsión.
“Mi deber es proteger a los humildes luchadores que ganan su dinero honradamente y que de repente están sujetos a una extorsión o a una amenaza de vida”, dijo.
Además reiteró que “los delincuentes quieren amedrentar a la sociedad, quieren bajarle la moral a los servidores públicos y no lo van a lograr, porque este pueblo dijo: ‘hasta aquí, suficiente’, y tenemos que seguir”.
Fuentes consultadas por EL HERALDO explicaron también que entre los cambios que sugiere el Poder Ejecutivo está la regulación estricta de las visitas conyugales.
En el caso de las visitas generales se busca implementar un mecanismo que permita grabar las conversaciones.
Se retoma también el tema de la regulación de señal telefónica y de acceso a Internet en los centros.
Necesidad
El pasado 7 de septiembre, el coronel Amílcar Hernández, titular de la Fuerza Nacional Antiextorsión, reveló que el 80 por ciento de los atentados contra las empresas por temas de extorsión se ordenan desde las cárceles.
Y es que la regulación de las comunicaciones no ha sido eficiente. Para el caso, ayer el Ministerio Público divulgó que iniciarán una investigación de oficio en el centro penal de Santa Bárbara.
La razón es que en una visita in situ a ese centro carcelario la Fiscalía detectó el registro de accesos a Internet a través de señal wifi.
“El Ministerio Público hará lo propio y si se tiene que deducir responsabilidades se va a hacer”, advirtió Carlos Morazán, vocero de la Fiscalía.
“Se sabe que desde los centros penales se mandan mensajes extorsivos y de sicariato y eso no puede continuar pasando”, expresó.
Recomendación
Según Orle Solís, miembro del Conaprev, varias de estas medidas ya están contempladas en la “ley picapiedra” contenida en el decreto 101-2015 publicado en La Gaceta el 14 de enero de 2016.
Por eso recomendó que los cambios que se estructuren se hagan enfocados en el tema de reinserción y rehabilitación.
