Tegucigalpa, Honduras
Representantes de organizaciones que velan por la defensa de la libertad de expresión rechazaron ayer que con el proyecto de Ley para la Defensa Ciudadana contra los Actos Terroristas también se pretenda violentar esta garantía constitucional.
EL HERALDO reveló el lunes que la polémica disposición de la Apología e Incitación Pública de Actos de Terrorismo figura en el octavo artículo de esta iniciativa que remitió el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional a finales de marzo.
El contenido es similar al literal B del artículo 335 del Código Penal en el que se sanciona con cuatro a ocho años de prisión a quien incite de manera pública a la comisión de actos terroristas.
Aunque esta disposición será reformada por el CN, el Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) ha solicitado que sea derogada, de lo contrario interpondrá un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
En la misma vía se ha pronunciado la Asociación de Prensa Hondureña (APH) al igual que el Comité por la Libre Expresión (C-Libre), organizaciones que estarían conformando un Frente Común en contra de la disposición que vulnera la libre emisión del pensamiento.
El proyecto de Ley para la Defensa Ciudadana busca prevenir, investigar, sancionar y erradicar todas las manifestaciones de terrorismo en el país, contemplando otras variantes de este delito.
Violenta
“Estamos también en contra que este mismo artículo (335-B) se introduzca en la Ley contra el Terrorismo porque también violenta la libertad de expresión”, mencionó a EL HERALDO el presidente del CPH, Dagoberto Rodríguez.
Destacó que el órgano colegiado está a la espera que el Congreso apruebe la modificación que requiere de la opinión de la CSJ.
El comunicador social consideró que “creo que la opinión de la Corte es fundamental en este tema para evitar que se violenten garantías constitucionales”.
El CPH agotará el procedimiento legal interno y no descarta acudir hasta a instancias internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), insistió.
Entretanto, la comisionada presidenta del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), Suyapa Thumann, informó a EL HERALDO que el órgano que dirige todavía no tiene una posición oficial al respecto y que será en reunión de pleno que definirán su postura.
Responsabilidad
El titular de la Asociación por una Sociedad más Justa (ASJ), Carlos Hernández, dijo que “esperamos que el Congreso Nacional pueda actuar con mucha seriedad y responsabilidad, sino nos estará viendo el mundo como un país donde las libertades se van limitando”.
Un país que busca el desarrollo es donde impera la libertad de expresión que es parte de la democracia, sostuvo.
Tanto la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) se han pronunciado en oposición al artículo penal 335-B, instando al gobierno a que sea revocado.
El presidente de la República, Juan Orlando Hernández, aseguró que depende de los diputados si se deroga esta disposición.
Sin embargo, el presidente del CN, Mauricio Oliva, argumenta que ya se propuso una nueva redacción del artículo que no afectará al gremio periodístico en el ejercicio de su profesión.
