Tegucigalpa, Honduras
El nuevo Código Penal no solo es extenso en su articulado, sino también posee novedades en figuras delictivas y multas que no contempla la normativa vigente que data de 1983.
Delitos contra la comunidad internacional, seguridad colectiva y cibernéticos son algunos de los ilícitos que figuran en la parte especial de este estamento jurídico, que se encuentra en proceso de aprobación en el Congreso Nacional.
Además, incluye disposiciones que han despertado polémica, como la del aborto, en la que se establecen tres excepciones para que no sea catalogado como un hecho punible.
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Los delitos contra la vida, integridad corporal y la salud son los que se castigan con las mayores penas, entre ellos se encuentra la interrupción del embarazo, pero cuyo artículo se mantiene suspendido por falta de consenso.
La normativa estipula los días multa y se obliga a las personas condenadas a pagar una cantidad de dinero al Estado.
De acuerdo con el artículo 53 del dictamen de este instrumento legal, cada día multa tiene un valor no menor a 20 lempiras ni mayor a 5,000, cuya extensión es de 10 a 2,000 días.
Las penas que no pasan de cinco años pueden ser conmutables en la actualidad con el pago de diez lempiras por día.
Sin embargo, con la nueva legislación desaparece la sustitución de condena, por lo que los imputados deberán cumplirla tras las rejas.
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En los casos que determine el juez se podrá reemplazar ya sea por estar recluido los fines de semana o con casa por cárcel si es la primera vez que se comete un delito y si se indemnizó a una víctima, entre otras circunstancias.
Desde el pasado 18 de abril se empezaron a admitir en tercer y último debate los capítulos y parte de los artículos de las disposiciones especiales de los delitos en el CN.
En las últimas seis sesiones ordinarias han participado los consultores españoles Francisco Álvarez, Esther Hava y Esther Pomares Cintas, quienes han asesorado en materia técnica a juristas nacionales en el proyecto de esta normativa, así como aclarado dudas a congresistas.
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Amplias discusiones
Algunas disposiciones han generado amplias discusiones entre los diputados de las distintas bancadas políticas por los delitos de violación e incesto comprendidos en los artículos 249 y 252, respectivamente.
Varias parlamentarias de los partidos de oposición sugirieron que se impusieran penas más severas por la comisión de estos crímenes que son recurrentes en el país.
El nuevo Código Penal sanciona ahora el contacto con finalidad sexual con menores por medios electrónicos con arresto domiciliario de uno a tres años.
En caso de que esta aproximación se obtenga mediante coacción o intimidación, se castigará con entre dos y cuatro años de reclusión.
La disposición que contempla la bigamia, es decir cuando una persona casada vuelve a contraer matrimonio con otra, sufrió modificación en cuanto a su pena.
El artículo que establece este ilícito castigaba al hechor con entre seis y ocho meses de cárcel más la multa de 150 a 300 días.
Lo anterior implicaba una significativa reducción en relación a lo estipulado en la legislación que está en vigor, es decir de dos a cinco años de prisión.
Al final se propuso una pena para este delito que va de uno a tres años sin conmutar, la cual es siempre menor, pero fue aprobada bajo diversos cuestionamientos.
Aún restan más de 300 artículos para que este instrumento jurídico sea aprobado en su totalidad, lo cual podría demorar al menos dos meses, confirmó Mario Pérez, presidente de la comisión ampliada que elaboró el dictamen.
Una vez admitido no entraría en vigencia después de su publicación en el diario La Gaceta, sino que demoraría un año debido a la vacatio legis, plazo en el cual se socializaría con todos los sectores sociales, principalmente con los operadores de justicia.
Propuestas
La comunidad judicial ve con buenos ojos el hecho y el interés que los diputados estén discutiendo un nuevo Código Penal.
De aquí salen una serie de propuestas y recomendaciones que deben ser tomadas en cuenta por lo parlamentarios.
“La propuesta es excelente, lo único que hay que hacer allí es que no quede ningún artículo en otras leyes especiales que se encargue de tutelar el bien jurídico protegido”, manifestó el defensor privado Marlon Duarte.
“Por ejemplo, usted no puede tener un artículo en la Ley del Tribunal Superior de Cuentas que conlleve a una pena, como el de enriquecimiento ilícito”, señaló. En pocas palabras instó a los congresistas a que este tipo de delitos queden establecidos en el mismo estamento.
Por otra parte, la Asociación de Jueces por la Democracia hizo una propuesta sobre esta novedosa normativa.
Este análisis se hizo a partir de las garantías contempladas en la Convención Americana de Derechos Humanos, explicó Mario Díaz, miembro de la Asociación.
