TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Honduras reconoció este miércoles ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) su responsabilidad por la “violación a los derechos a la vida, libertad, honra, dignidad y expresión” por la ejecución extrajudicial en 1983 de Herminio Deras, asesor sindical y dirigente del Partido Comunista.
“Reconocemos que las situaciones denunciadas constituyen actos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes”, dijo el procurador general de Honduras, Manuel Díaz-Galeas ante la Corte y prometió la plena reparación de los daños cometidos.
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El caso se basa en la muerte de Deras, maestro de 42 años, detenido por agentes estatales y posteriormente ejecutado el 29 de enero de 1983 en su vehículo, actos cometidos “con un claro móvil de represalia por sus actividades como líder político y sindical”, según la Corte-IDH.
Luis Deras, hermano de la víctima, dijo en la audiencia que en noviembre de 1981 fue secuestrado y llevado a celdas en San Pedro Sula donde fue torturado e interrogado por cuerpos de seguridad que buscaban a Herminio.
“Me pusieron una capucha y me tiraron boca abajo, me golpeaban y se me subían en la espalda (...). Estaba aislado en la celda, nunca me dieron agua ni comida, mis necesidades las hacía ahí”, relató Luis entre lágrimas. Fue liberado tres días después.
Contó que sus padres nunca se recuperaron de la muerte de su hermano. Su padre se suicidó y su madre dormía abrazada de la ropa con la que Herminio fue asesinado.
“Expresamos disculpas públicas por los daños ocasionados (...) producto de las agresiones a las que fueron objeto por la aplicación de la nefasta doctrina de seguridad nacional de los años 80”, dijo el procurador.
Díaz-Galeas aseguró que el Estado de Honduras se compromete a la “reparación integral del daño, medidas de rehabilitación y acciones compensatorias” para los afectados.
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— Secretaría de Derechos Humanos (@sedhHonduras) May 12, 2022
El presidente de la Corte-IDH, Ricardo Pérez, agradeció al Estado la aceptación de los hechos. También lo hizo la parte querellante.
Una sentencia no pudo ser adelantada a pesar de la postura del Estado hondureño y se dieron diez días para recibir alegatos adicionales para luego emitir la resolución.
