Tras ocho meses de haberse iniciado el proceso de depuración policial, unos dos mil oficiales y agentes han sido cancelados de la institución, reveló este martes Omar Rivera, miembro de la Comisión Especial para la Depuración y Transformación de la Policía Nacional de Honduras.
El proceso de depuración surgió luego de la investigación de EL HERALDO que dejó al descubierto la participación de altos mandos de la Policía Nacional en los asesinatos del zar antidrogras Julián Arístides Gonzáles y Alfredo Landaverde.
El escándalo de corrupción dentro de la institución policial trascendió las fronteras cuando The New York Times publicó un informe detallado de cómo se planificó y ejecutó dichos crímenes de alto impacto.
Poco después el gobierno creó Comisión Especial de Depuración policial que ha llevado a la cancelación de 2,000 elementos quienes han recibido más de 250 millones de lempiras en concepto de prestaciones laborales.
250millones de lempiras se handestinado para pago de prestaciones laborales a policías cancelados. |
Rivera dice que “el proceso de reingeniería al que están siendo sometidos los diferentes organismos policiales es histórico y sin precedentes” y que “será el punto de partida para que otras entidades del Estado –como el Ministerio Público (MP) y el Poder Judicial- impulsen sus propias iniciativas de certificación de recursos humanos y modernicen sus estructuras institucionales”.
“2016 será recordado como el año de la depuración policial; los hondureños lo recordaremos como un logro ciudadano” declaró Rivera.
Sin embargo, el depurador deja en claro que este proceso quedará inconcluso sino se ejecutan acciones penales en contra de los altos oficiales y agentes de escala básica que cometieron actos ilícitos mientras se desempeñaron en la institución.
Esos expedientes iban manchados de lodo y sangre, se debe hacer algo concreto a corto plazo para que este accionar al margen de la Ley no quede en la impunidad. |
Aprobarán reformas a Ley Orgánica de Policía Nacional
El Congreso Nacional aprobará en enero de 2017, el paquete de reformas a la Ley Orgánica de la Policía Nacional, según conoce Rivera.
La Comisión Especial reitera que es indispensable la aprobación de la nueva Ley Orgánica de la Policía Nacional y la Ley de Personal de la Carrera Policial.
Rivera considera fundamental que los parlamentarios creen la Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales (DIDADPOL), que sustituirá a la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP), que –según Rivera- “no cumplió a cabalidad con el mandato institucional que se le encomendó”.
Desde que el 12 de abril, el presidente Juan Orlando Hernández Alvarado juramentó a la Comisión Especial para la Depuración, 3,004 policías han sido sometidos a exhaustiva evaluación a fin de determinar la idoneidad y confianza de los de los cuales 2,091 han sido cancelados.
“Entre los policías examinados están nueve del rango de General, 47 Comisionados, 108 Subcomisionados, 108 Comisarios, 154 Subcomisarios, 241 Inspectores, 497 Subinspectores, 215 Suboficiales, 1407 agentes de escala básica y 218 auxiliares” informó.
De los nueve generales evaluados solamente tres fueron ratificados, tal fue el caso del actual Director General de la Policía Nacional, Félix Villanueva; el Subdirector General de la Policía Nacional, Quintín Juárez; y el Director de Operaciones, Organización y Adiestramiento de la Policía Nacional, Héctor Iván Mejía.
2,091oficiales y agentes dela Policía Nacional han sido cancelados de su cargos en 2016. |
Todavía quedan en proceso de evaluación 11 miembros de la carrera policial y 15 continúan suspendidos a fin de facilitar a las instituciones operadores de justicia y contraloras del Estado.
Desafíos de la Comisión Especial para 2017
Para 2017, la Comisión Especial para la Depuración tiene como principal desafío concluir con la evaluación de integrantes de la escala básica, personal administrativo y de servicios generales de la Policía Nacional y de la Secretaría de Seguridad.
Además culminar el proceso de ascensos a grado inmediato superior de más de 300 oficiales policiales y la escogencia del nuevo liderazgo policial que conformará el mando estratégico de la nueva estructura institucional.
“Apenas hemos evaluado 3,000 policías, falta un importante número de agentes de escala básica al que tendremos que someter al procedimiento riguroso”, afirmó.
“Sería inadmisible que se vuelva a cometer el error de recomendar al presidente y al Congreso Nacional el ascenso de oficiales de policía que, meses después, terminaron depurados, enjuiciados y hasta extraditados a Estados Unidos de América, por la comisión de actos ilícitos”, puntualizó Rivera.