Tegucigalpa, Honduras.- A un año y 28 días de concluir su administración, la presidenta Xiomara Castro sigue sin cumplir su promesa de liderar una auténtica lucha contra la corrupción, un hecho que la sociedad resiente de manera constante, según opinión de diversos analistas.
La corrupción es un azote que golpea permanentemente a los hondureños. Se dio descomunalmente en los 12 años de gobiernos nacionalistas y sigue presentándose bajo el mandato del partido Libertad y Refundación (Libre), principalmente en el Congreso Nacional (considerado uno de los más corruptos del mundo).
El analista Olban Valladares señaló que uno de los actores de corrupción más graves en el 2024 es el autofinanciamiento del Congreso Nacional, donde los diputados se han recetado millones de lempiras a sí mismos.
Igualmente, en uno de sus últimos informes, el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) reveló que, desde agosto de 2023 hasta el mismo mes de 2024, el presidente del Legislativo, Luis Redondo, autorizó la erogación un monto de 314.5 millones de lempiras en subsidios para los diputados afines.
En su campaña electoral, Castro sembró la esperanza en la sociedad de una verdadera lucha contra la corrupción, sin embargo, está a punto de entrar a su último año de gobierno y no ha cumplido el compromiso de instalar, con apoyo de Naciones Unidas, una Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIH).
Por el contrario, desde el inicio de su administración, en enero de 2022, su gobierno se ha mostrado muy tolerante a la corrupción de los miembros de Libre, a tal extremo que les aprobó un decreto de amnistía política y luego ha visto como injerencia la Lista Engel, sobre todo cuando ha señalado como actores corruptos y antidemocráticos a funcionarios del oficialismo.
“Tenemos muchos temas que todavía quedan pendientes, por ejemplo la CICIH, seguimos trabajando con Naciones Unidas, pero también existe un boicot de parte del Congreso, sigue siendo un mecanismo que nos trata de detener y que mete trabas en los procesos de avance”, expresó recientemente el canciller Eduardo Enrique Reina, justificando el no poder cumplir con la promesa de traer la comisión antimafias.
En el 2025, los hondureños vuelven a vivir un proceso electoral interno y otro general, por lo que el tema de lucha contra la corrupción será nuevamente bandera de convencimiento de los políticos que aspiran a un cargo público, pero que una vez en el poder, le incumplen a sus electores.
