Según él, con un grupo de socios están construyendo varias hectáreas bajo techo destinadas a producir hortalizas para exportación. Se está creando una empresa casi de la nada. La inversión será de aproximadamente 80 millones de dólares y los trabajos se desarrollarán en cuatro fases.
Wilson dejó claro que por el momento se trata de un parque agroindustrial que funcionará de acuerdo con la normativa de la ZEDE y que creará unos 3,500 empleos directos durante los próximos cuatro años.
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Sobre los riesgos advertidos por el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) por tratarse de que esta forma de inversión se basa en una reforma inconstitucional, Wilson consideró que todo está dentro del marco de las leyes y de la Constitución.
“Ha habido dos fallos de la Corte de este país sobre las ZEDE. A mi entender la Corte Suprema de Justicia es el último árbitro final sobre temas de constitucionalidad o soberanía”, sostuvo.
Para él, no hay nada inconstitucional, que viole la soberanía o que fomente la competencia desleal; consideró las observaciones del Cohep como poco acertadas, mientras que por otro lado alabó la defensa que Carlos Pineda, secretario alterno del Comité para la Adopción de las Mejores Prácticas (CAMP), realiza sobre el proyecto.
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A criterio de Wilson, la creación de las ZEDE y la reciente reforma en lo referente a más beneficios fiscales a las empresas que se instalen en tales sitios no generan ninguna inseguridad jurídica. “La ZEDE potencialmente representa una forma que permite quitar de la mesa ciertos riesgos cuando uno está contemplando una actividad económica”, opinó.
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