TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Honduras enfrenta una demanda por 10,775 millones de dólares entablada por los inversionistas de la Zona de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) Próspera Inc. y sus afiliados, ubicada en Islas de la Bahía.
Tras eliminar el Congreso Nacional en abril pasado la Ley Orgánica de las ZEDE e intentos fallidos por llegar a acuerdos con el gobierno, los empresarios de la zona de empleo concretaron la acción legal ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).
El millonario monto de la demanda abarca los 50 años de estabilidad legal que se les garantizó, aseguraron en Próspera, y no vincula a las ZEDE Morazán ni Orquídea.
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La cifra representa una tercera parte del Producto Interno Bruto (PIB) de Honduras, que en 2022 cerrará con 30,088 millones de dólares. Además, supera la deuda externa, que asciende a 8,990 millones de dólares hasta octubre de 2022.
Jorge Colindres, abogado y secretario técnico de Próspera en Roatán, explicó a EL HERALDO que el proceso legal podría detenerse si “el gobierno confirma que va a respetar la estabilidad legal de los 50 años, pero si quieren discutir potenciales cambios al régimen ZEDE porque tienen preocupaciones, debe ser respetando garantías legales y eso el Estado no lo ha manejado. Si se quita la estabilidad legal de 50 años entonces es una expropiación bajo el derecho internacional”.
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Las reacciones
Por su parte, el gobierno recalcó que el proceso irá a instancias legales. “La soberanía no se negocia”, precisó Fernando García, comisionado presidencial contra las ZEDE.
“Esta demanda por parte de Próspera debe de ser revisada porque no tiene ni pies ni cabeza ya que se fundamenta en un acuerdo de estabilidad jurídica. Se va a recurrir a todas las extracciones complementarias jurídicas para defender nuestra paz, que no crean que no tenemos argumentos ni defensa”, aseveró García.
El Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos en su capítulo 10 establece el arbitraje internacional para poder buscar soluciones como las de esta índole, por lo que expertos en derecho internacional instan al gobierno a sentarse a negociar.
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“Estamos de acuerdo que las ZEDE estaban fuera de ley, pero el Estado debía negociar con las empresas que estaban instaladas ya que no se puede simplemente ignorar algo aprobado por un gobierno pasado y donde en algún momento el Estado debe pagar si es que se cierran en esa postura”, valoró el experto en derecho internacional, Graco Pérez.
Por su parte, el economista Ismael Zepeda es del criterio que la ley que le dio vida a las ZEDE es ilegal, no obstante, insta al gobierno de Xiomara Castro a enfrentar la situación y no condenar al país.
“Hubo una estructura legal donde ellos se abocaron y hay que decir que el Estado no podría hacerle frente a la demanda con recursos propios y sobre todo si se exige pago inmediato sería con búsqueda de un nuevo endeudamiento”, advirtió Zepeda.
Finalmente, el presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Mateo Yibrín, consideró que “el gobierno y Próspera se deben sentar (a negociar) por el bien de Honduras, hay oportunidad de que logren un acuerdo”.
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