TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Para investigar el uso y manejo de millonarios contratos de fideicomisos que entre los años 2016 y 2019 ejecutó el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa) con otras entidades gubernamentales, el Ministerio Público realiza la Operación Némesis IV.
De acuerdo con el informe del MP, la investigación se realiza luego de una denuncia que refiere a un posible desvío de recursos en diferentes programas de inversión.
“Entre ellos, para la administración de tierras, la reparación de la red vial primaria, secundaria y terciaria, la ejecución de unidades productivas de bienes incautados, el sistema de registro vehicular y placas y hasta de fondos provenientes de multas y licencias de conducir, siendo el centro de la investigación si estos se destinaron a fines distintos”, detalla el comunicado.
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El MP informó que ya se ha recabado información en Banadesa y ahora se realizará su análisis y pericia, ante posibles delitos de violación a deberes de funcionarios, fraude y malversación de caudales públicos.
“La Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) judicializó un caso en contra de un exempleado del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT), al tiempo que, en atención a denuncia, se procederá a inspeccionar la municipalidad de La Ceiba, a efecto de ejecutar auto de investigación, decomiso de documentación en los departamentos de Tesorería, Secretaría, Contabilidad, Tributación y Departamento Legal, por la emisión de permisos de operación presuntamente falsificados”, agregó el ente.
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Asimismo, en la Operación Némesis IV investigan denuncias por presuntos actos de intimidación en perjuicio de operadores de justicia, efectuando dos decomisos y dos inspecciones en las oficinas del Servicio de Administración de Rentas (SAR) y la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
El MP, además, informa que se investigan casos de amenazas a fiscales, realizando cinco inspecciones en diversos puntos; este despacho fiscal también hará diligencias por delitos de coacción, limitación o impedimento de determinados derechos fundamentales y abuso de autoridad en perjuicio de miembros de organizaciones defensoras de derechos humanos.
