TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La directora de la División de las Américas de Human Rights Watch (HRW), Juanita Goebertus, cuestionó las medidas de seguridad que adoptará el gobierno de Honduras en los centros penales tras la matanza de 46 reclusas en la Penitenciaria Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS).
Fue a través de su cuenta de Twitter que la colombiana se refirió a la decisión de la presidenta Xiomara Castro, la cual describió como “preocupante”.
Asimismo, la exmiembro de la Cámara de Representantes de Colombia, señaló que “militarizar prisiones y ampliar el estado de excepción no es el camino”.
Cabe destacar que en las últimas horas, se informó que tras la disolución de la comisión interventora, la Policía Militar del Orden Público (PMOP) asumirá a partir del 1 de julio del presente año la coordinación, dirección y control de los 21 centros penales del país, por un periodo de un año.
Asimismo otro de los puntos contempla la extensión del estado de excepción, aplicado en el país desde el pasado -6 de diciembre- del año anterior.
En ese sentido, la titular de Human Rights Watch, instó al gobierno en la aplicación de una política de seguridad que proteja a los ciudadanos y al mismo tiempo se respete los derechos humanos.
“Honduras necesita una política de seguridad que proteja al pueblo hondureño y respete los DDHH”, concluyó Goebertus.
Juanita María Goebertus Estrada, de 38 años, es una abogada y exmiembro de la Cámara de Representantes de Colombia. Actualmente, es la directora de la División de las Américas de Human Rights Watch, institución que promueve el cumplimiento de los derechos humanos en América Latina y el Caribe.
¿Cuáles son las 10 medidas anunciadas por el gobierno tras los hechos violentos en PNFAS?
1. La presidenta Castro juramentó en sus cargos al nuevo secretario de Seguridad, el general Gustavo Sánchez, luego de destituir a Ramón Sabillón; también juramentó al director de la Policía Nacional, cargo que antes ocupaba Sánchez, en su lugar nombró al general Juan Manuel Aguilar Godoy; de igual forma juramentó al sub director de la Policía Nacional, el comisionado general Wilmer José Torres Saavedra y al inspector general de la Policía Nacional, comisionado general Juan López Róchez.
2. En segundo lugar, destituyó a todos los miembros de la Junta Interventora de los centros penales, entre ellos a la titular, Julissa Villanueva, quien a su vez fungía como viceministra de Seguridad. Villanueva fue quitada de la dirección de la interventora, pero seguirá en su cargo en la Secretaría.
3. La mandataria también determinó ampliar el estado de excepción a otras áreas del territorio nacional, y se extenderá en el tiempo la vigencia del mismo, aunque de momento no se ha notificado los nuevos puntos donde tendrá acción la medida. La última extensión de la medida fue hasta el 5 de julio del presente año.
4. El comunicado también establece que las Fuerzas Armadas de Honduras asumirán funciones de seguridad, en colaboración con la Policía Nacional en los 18 departamentos del país en las áreas y acciones que así se especifiquen.
5. De igual forma, la presidenta decidió regresarle el control de los centros penales a los militares, pues a partir del 1 de julio del presente año la coordinación, dirección y control de los 21 centros penales del país pasará a la Policía Militar de Orden Público (PMOP), por un periodo de un año, tiempo en el cual debe reclutar, capacitar y formar por lo menos 2 mil nuevos custodios de centros penales, en cumplimiento de la Ley del Instituto Nacional Penitenciario (INP)
6. Por otro lado, se solicita al Poder Judicial, de acuerdo con los procedimientos de Ley, conceder medidas sustitutivas de prisión preventiva a todas las mujeres que se encuentran en la PNFAS que no están condenadas y a aquellas que sufren de enfermedades terminales, y preservar la prisión a quienes se consideran de alto peligro. Así mismo, recibimos con agrado el Programa de Amparos Correctivos ordenado por este Poder del Estado, en todos los centros penales del país.
7. Se ordena a las Fuerzas Armadas habilitar las Islas del Cisne como granja penal para el traslado de los cabecillas de las organizaciones criminales, considerados de alta peligrosidad, que estén detenidos en las cárceles o que sean identificados, capturados y procesados.
8. Se suspenden todos los actos festivos que se habían pogramado para el día 28 de junio, en el aniversario del golpe de Estado, y solo se desarrollarán los actos conmemorativos en honor a las víctimas de la ruptura violenta del orden constitucional, incluyendo la apertura del Museo de la Memoria y la Reconciliación en Honduras.
9. Se decreta tres (3) días de duelo sin suspensión de labores a nivel nacional, por el cruel y trágico asesinato de mujeres en la Penitenciaría Femenina.
10. Se ordena a todas las instituciones y órganos del Estado, izar el Pabellón Nacional a media asta, a partir del día jueves 22 de junio, como una muestra de solidaridad con nuestras compatriotas, víctimas mortales de este macabro hecho y con sus familias.
