TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Luego de concluir la audiencia inicial, el juzgado en de criminalidad organizada, ambiente y corrupción dictó auto de formal procesamiento contra el juez Marco Vallecillo, acusado de extorsionar a un testigo protegido.
Vallecillo permanecerá en prisión preventiva, recluido en la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales (Los Cobras), mientras que el otro acusado, Nelson Sierra, seguirá en la Penitenciaría Nacional de Támara, en el valle de Amarateca en Francisco Morazán.
Para ambos imputados se les programó su audiencia preliminar para el 6 de septiembre a las 10:00 a.m., audiencia en la cual se determinará si el juicio será oral y público.
No obstante, la defensa legal de los acusados tiene un lapso de tres días a partir del próximo lunes para interponer un recurso de apelación ante la Corte de Apelaciones. Frank Galo, apoderado legal de Vallecillo, informó que interpondrán este recurso con el fin de que se pueda revertir la resolución del juez.
A criterio de Galo, los medios de prueba presentados por el Ministerio Público no cumplen con los elementos de tipo pena para que su cliente sea acusado por extorsión. Por ende, con el recurso de apelación se busca que se dicte un sobreseimiento definitivo.
“En ningún momento el Ministerio Público presentó la prueba de que recibió el dinero. En ningún momento la supuesta víctima entregó el dinero. No hay algún medio de prueba que establezca que haya agarrado dinero nuestro representante”, declaró Galo.
Debido a los delitos por el que se le acusa, Vallecillo y Sierra no pueden gozar de medidas cautelares distintas a la prisión preventiva.
De acuerdo al artículo 373 del Código Penal, el delito de extorsión es penado con 10 a 15 años de cárcel más una multa de 500 a 1,000 días.
En el caso de Marco Vallecillo, en su condición de funcionario como excoordinador de los juzgados en materia de criminalidad organizada, ambiente y corrupción, su condena sería mayor en caso de ser encontrado culpable, aumentando en un tercio, según el artículo 374.
El inciso 4 de este artículo en mención también establece que “además de las penas correspondientes, se debe imponer la de inhabilitación especial para cargo u oficio público de quince (15) a veinte (20) años”.
En cuanto a los casos que llevaba Vallecillo como juez, los expedientes fueron remitidos a un juez de turno. Estos expedientes son investigados por las resoluciones que se dictaron, señaló el portavoz del Poder Judicial, Carlos Silva.
