TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Luego de una apretada votación, el oficialismo del Partido Libertad y Refundación (Libre) aprobó la medianoche del miércoles desde la Cámara Legislativa la iniciativa de la educación sexual dentro del sistema educativo público.
El proyecto de decreto no fue acompañado por la bancada del Partido Nacional, tampoco por una facción del Partido Liberal, y más bien fue catalogado como una iniciativa que atropella la Constitución de la República.
Opiniones divididas
A raíz de lo aprobado se ha desatado una división de criterios entre los padres de familia, maestros, autoridades y diputados; porque consideran que la iniciativa debió ser consensuada entre todos los sectores antes de su aprobación.
Según Lilian Ordóñez, maestra en Atlántida, la educación sexual en los centros educativos es oportuna, no obstante, las condiciones en la que se quiere imponer surgen de una campaña populista y desinteresada en el sistema. “A nosotros no nos han socializado para este espacio, que aunque no lo veo mal, considero que lo hacen para salir en notoriedad, como todos los gobiernos”, señaló.
Para ganarse el respaldo total del magisterio, la maestra agregó que se debe proporcionar los contenidos exclusivos referidos a esta temática, así como la contratación de personal ligado a los comportamientos fisiológicos de los niños y jóvenes en etapa de pubertad.
“En esto se requieren psicólogos, tenemos profesores que conocen más del tema que deberían tener ese espacio. Porque si no están haciendo que el maestro tenga una carga más de trabajo que ya cumplía, pero que ahora estará dentro de la malla curricular ”, dijo.
Lo anterior se deriva a que dentro del magisterio exigen que se aprueben los presupuestos y estructuras para que los estudiantes puedan recibir estos aprendizajes de la mano de profesionales capacitados.
Mientras que desde la Asociación de Padres de Familia (APF) lamentan que esta implementación pueda conllevar a una irrupción de las ideologías de género dentro de los hogares.
“Los padres piden docentes, techos, pisos y pupitres en las escuelas, pero se les ocurrió que lo más importante era filosofar sobre la educación con enfoque de género”, cuestionó Andrés Martínez, presidente de la APF.
Con esta postura desafiante coincidió el sacerdote Javier Martínez, quien discrepó con las pretensiones impuestas desde el Congreso Nacional (CN) y las autoridades educativas. “Puede resultar un engaño, una forma de plantar ideologías y hacer caprichos particulares de instituciones internacionales para imponernos una nueva idea, nueva cultura y un modo de ser distinto al que ya tenemos como país”, arguyó.
Es importante resaltar que en los gobiernos del expresidente Manuel Zelaya Rosales (2008) y Juan Orlando Hernández (2017) surgieron múltiples intentos de implementar la educación sexual en las escuelas y colegios, pero esta iniciativa nunca encontró luz verde para implementarse, hasta ahora.
Por su parte, desde algunos sectores políticos se niegan a apoyar esta postura; otros confían en que las gestiones se harán de manera eficaz.
“El proyecto de Ley de Educación Integral de Prevención al Embarazo de Adolescentes, es inconstitucional, entre otros aspectos, porque al ser obligatorio violenta el derecho de los padres a escoger la educación que ha de impartirse a sus hijos menores”, argumentó el diputado Mauricio Villeda.
Caso contrario a lo que manifestó la congresista Ligia Ramos, aduciendo que es de vital importancia que estos contenidos lleguen a los estudiantes de todas las áreas. “Esto era algo que teníamos que haber aprobado desde hace mucho tiempo, obviamente ya se sabe qué tipo de cosas se tienen que hablar para cada edad”, comentó.
¿Qué contiene el dictamen?
Esta ley deberá cumplir en promover y garantizar la enseñanza de la educación integral de prevención al embarazo adolescente, implementada en todas las áreas educativas, así como fomentar una conducta responsable en el ejercicio de la sexualidad y estimular la postergación del inicio de las relaciones sexuales.
Entre sus objetivos se enumera prevenir los diferentes tipos de violencia con énfasis en el combate contra toda práctica sexual coercitiva, el abuso y la violencia sexual.
