TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La bancada de oposición del Partido Nacional, mediante un comunicado de prensa, calificó la nueva ley del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) como una copia a las normativas de defensa de Nicaragua con la elaboración de la “Agenda Nacional de Riesgos”, como un instrumento de persecución a sus detractores.
Los parlamentarios enunciaron en el documento que la pretensión del oficialismo en la aprobación de la ley, obedece a la evidente amenaza de definir los controles sobre las escuchas telefónicas, que en la anterior ley si existían. Asimismo, criminaliza la protesta y dispone de poderes para callar a los medios de comunicación, las iglesias o a la empresa privada.
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Los señalamientos resurgen una semana después haber frenado el intento de Libertad y Refundación (Libre) para aprobar en un solo debate la polémica ley, sin dar el espacio suficiente a la discusión.
Las bancadas del Partido Salvador de Honduras (PSH), Liberal (PL) y Nacional (PN) votaron en contra de la normativa el pasado miércoles debido a considerar que la ley contraviene a la Constitución misma y contiene excesos.
Comunicado
Ante la pretensión del Partido Libre de aprobar una nueva Ley de Seguridad y Defensa lesiva para los hondureños, la bancada del Partido Nacional de Honduras, al pueblo hondureño y la comunidad internacional advierte lo siguiente:
1.- El proyecto de la nueva Ley de Defensa y Seguridad conlleva de manera oculta la intención de concentrar mayor poder en la Presidencia de la República, y con ello, buscando alinear todo el aparato del Estado para los planes de refundación de Honduras, que pretende el Partido Libre. Uno de esos excesos, de los que no se refieren al respecto, es la pretensión de nombrar al director de la Policía Nacional, por sobre la carrera policial y obedeciendo antes a caprichos políticos.
2.- La Ley contempla varias amenazas a la democracia y la libertad, y una de esas agravantes es la elaboración de lo que llaman “Agenda Nacional de Riesgos”, imitando una ley similar a la de Nicaragua, en la que todo opositor al régimen, al entrar en esa lista negra, se convierte en una amenaza para el Estado, y por tanto, es blanco de represión, exilio y muerte. Otra evidente amenaza es no definir los controles sobre las escuchas telefónicas, que en la anterior ley si existían. Asimismo, criminaliza la protesta y dispone de poderes para callar a los medios de comunicación, las iglesias o a la empresa privada.
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3.- La nueva ley, además crea una figura que tendría iguales poderes a los conferidos a la presidente Xiomara Castro, se entiende el caso del secretario ejecutivo, a quien se le pretenden delegar todas las funciones que en materia de defensa y seguridad se le otorgan, en la Constitución, al presidente de la República. Asimismo, le asigna atributos que se derogaron con la Ley de Secretos, y precisamente esta seria la nueva Ley de Secretos del régimen Zelaya-Castro.
La gran pregunta es: ¿a quién quieren nombrar en ese puesto?
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POSTURAS
Luego del pronunciamiento público fue consultado el jefe de bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, quien reafirmó que la postura de su institución política es la que mantendrán como diputados en el Congreso.
“Es una ley sensible, porque habla de la integración de todos los cuerpos de seguridad. Esta ley tiene que llevar a cabo los consensos requeridos y este gobierno, desde el ejecutivo, con el Congreso ilegal, con una directiva ilegal, no quiere dialogar y han querido aprobar a matacaballo esta iniciativa, la cual contempla algunos elementos graves, el primero es que vuelve a aprobar una ley de secretos”, comenzó diciendo Zambrano.
El diputado por el departamento de Valle, agregó que: “Ellos prometieron en campaña derogar la Ley de Secretos; se derogó, nosotros la acompañamos y ahora se puede observar en ese dictamen, en el artículo 9, numeral 8, que establece nuevamente atribuciones para la clasificación de la información, que significa que esta es la nueva Ley de Secretos del Régimen Zelaya-Castro o Castro-Zelaya”.
En segundo lugar, siguió explicando el parlamentario, contempla otro elemento que crea una figura de un secretario ejecutivo que “tendría más poderes que la presidenta sobre los elementos y cuerpos de seguridad y defensa del Estado. ¿A quién quieren nombrar? ¿A quién quieren poner? Ya se especula que podrían ser familiares de la presidenta y hay otros elementos también graves como que se puede considerar como amenaza a la seguridad del Estado, primero, los actos de injerencia de personas extranjeras acreditadas en Honduras , como un embajador, un organismo internacional como la OEA y la ONU que puedan hacer recomendaciones o propuestas al gobierno de algunas violaciones que puedan llevar a cabo ya se van a considerar como amenazas”.
Y finalizó con que la polémica ley “criminaliza la protesta”.
En algunos de estos puntos coincidió el también jefe de bancada, pero del Partido Salvador de Honduras (PSH), Tomás Ramírez, quien aseguró que es inconstitucional el Consejo Nacional de Defensa que actualmente existe, pues “concentra a los tres poderes del Estado”, pero pidió al actual gobierno que esta nueva ley que busca acabar con dicha situación se discuta en tres debates y que fuera analizada con mayor detenimiento, pero lamentó que ha faltado tolerancia en el Legislativo. Ramírez también cuestionó el sentido de derogar hace algunos meses la Ley de Secretos y volver a aplicar algo similar.
CREA DESCONFIANZA
Para Julieta Castellanos, exrectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), socióloga y analista, “los estilos de hacer las cosas crean muchas desconfianza. El hecho de que la presidenta de la República tenga a su sobrino como ministro de Defensa, por el estilo de conducción de ella, que no asume la conducción del país, sino que está el presidente Zelaya. Mandar al Congreso una ley una hora antes y se la dictaminan en otra hora y la pasan, eso crea desconfianza. Ellos mismos la han sembrado”.
“No se eligió a la familia de la presidenta, se eligió a la señora Xiomara Castro y creo que no se han dado cuenta todavía”, añadió.
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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Manuel Zelaya Rosales, asesor presidencial y esposo de la mandataria, informó que la presidenta Xiomara Castro deberá decidir si convoca o no a Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) con la ley vigente, normativa que no fue derogada la semana pasada en el Congreso Nacional.
Uno de los integrantes en el CNDS es el titular del Poder Judicial, Rolando Argueta, quien consideró que la ley que pretende aprobar el Congreso Nacional sí concentra poderes como lo denunció el Partido Nacional.
“Pareciera a la luz del contenido del proyecto que se presentó al Congreso en días anteriores que la concentración de poderes es aún más evidente que en las circunstancias anteriores o todavía actuales porque entendemos que prevalece la ley vigente”, pormenorizó Argueta durante la elección de representantes a la Junta Nominadora por parte del Colegio de Abogados de Honduras (CAH).
