Tegucigalpa, Honduras.- La creación de la figura de copresidente, la extensión del mandato presidencial y la concentración del poder exclusivamente en el Ejecutivo es ahora la realidad constitucional en Nicaragua, un sueño por cumplir de Libertad y Refundación (Libre), aunque por ahora sea solo una utopía.
La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó el viernes, por unanimidad y en primera legislatura, una serie de reformas a la Constitución, que reformaron 135 artículos de la Carta Magna y derogaron otros 38.
Para analistas hondureños, expertos constitucionales y la clase política opositora consultados por EL HERALDO, estos cambios en Nicaragua representan una realidad cercana que Libre podría intentar implementar para lograr su deseo de perpetuarse en el poder en Honduras.
Los expertos tienen claro el escenario: Libre sí tiene la intención de hacer los cambios implementados en Nicaragua, y describen que las vías para ello serían la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el Congreso Nacional (CN), la Asamblea Nacional Constituyente y el uso de recursos públicos para lograrlo.
“El partido de gobierno (Libre) pretende instalar una dictadura de izquierda conforme a los modelos de Venezuela, Nicaragua y Cuba, tal como ellos mismos lo han expresado. Utilizarán fondos públicos para lograr su objetivo”, analizó la precandidata presidencial del Partido Liberal (PL), Maribel Espinoza.
Sin embargo, para que este escenario se materialice en Honduras dependería de otros factores, como que “actúen de conformidad con la ley la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público (MP), para que no instalen de manera arbitraria un modelo que no está permitido por la Constitución de la República”.
Camino para hacerlo
Los expertos constitucionales no ven una vía clara para que Libre logre este escenario, pero temen que lo intenten de manera autoritaria.
“Aquí es difícil porque necesitan 86 votos (mayoría calificada) para reformar la Constitución, y no los tienen; ni siquiera tienen los 65 votos (mayoría simple) necesarios para aprobar leyes ordinarias, como la Ley de Justicia Tributaria, que solo requiere 65 votos”, explicó el abogado constitucionalista Juan Carlos Barrientos.
No obstante, Barrientos está claro en que, a través de la vía incorrecta, esto podría lograrse, tal como Libre impuso a Luis Redondo en el CN, una presidenta de la CSJ y consumó el golpe a la Sala de lo Constitucional. “Esto lo harían sin problema”, expresó.
“Libre quiere hacerlo, y siempre encontrarán personal en las instituciones que los apoyen, como encontraron al jefe del Estado Mayor Conjunto, Roosevelt Hernández”, añadió.
Barrientos explicó que, por la Corte Suprema, el oficialismo podría lograr su objetivo, pero “ellos criticaron tanto lo de Juan Orlando Hernández con la reelección como plataforma de campaña, y no creo que se atrevan a hacer algo que han combatido en teoría”.
La Constituyente es el escenario para hacerlo, aseguró Barrientos, pero la congresista Maribel Espinoza manifestó que ”en el Congreso nadie los apoyaría con los votos”.
Autogolpe
El analista político Raúl Pineda Alvarado coincidió con los expertos anteriores: lo que sucedió en Nicaragua es una situación probable que Libre podría intentar replicar en Honduras.
Sin embargo, no ve un camino legal para lograrlo, por lo que adelantó que esto podría llevarse a cabo mediante un autogolpe.
“El único mecanismo aplicable sería una especie de autogolpe de Estado. No hay manera política ni legal, ni las condiciones necesarias para que el gobierno lo haga”, explicó Alvarado.
“Con un autogolpe, sí, donde el presidente asuma los poderes de jefe de Estado, disuelva el Congreso y haga lo que quiera, pero basándose en una acción de este tipo”.
EL HERALDO, a través de llamadas y mensajes de WhatsApp, intentó comunicarse con el coordinador de Libre, Manuel Zelaya, para conocer su opinión, pero no respondió a las comunicaciones.
No obstante, el diputado oficialista Marco Eliud Girón desestimó estos señalamientos como falsas advertencias, afirmando que no forman parte de los planes de Libre.
“Hace varios meses que están con ese discurso de compararnos con Venezuela, Cuba, Nicaragua, pero nosotros somos Honduras y pensamos como hondureños”, explicó ante los señalamientos de los expertos. “Esto solo busca protagonismo porque se ha abierto la campaña política”, argumentó.
¿Cuáles son los verdaderos alcances de estas reformas en Nicaragua?
Figura de copresidente:
El artículo 133 de la reforma constitucional establece la figura de copresidente, lo que significa que ambas personas, el presidente y el copresidente, compartirían el mismo poder.
Además, la reforma establece que, en caso de fallecimiento de uno de los copresidentes, quien sobreviva asumirá la presidencia.
Extensión del período presidencial:
El artículo 135 de la Constitución reformada de Nicaragua establece que “el copresidente y la copresidenta ejercerán sus funciones por un período de seis años, a partir de su toma de posesión”.
Tanto el presidente como el copresidente “gozarán de inmunidad, conforme a la ley”, y tendrán la opción de reelección indefinida.
Concentración del poder en el Ejecutivo:
El artículo 132 reformado señala que “la presidencia de la República dirige al Gobierno y, como jefatura del Estado, coordina los órganos legislativo, judicial, electoral, de control y fiscalización, regionales y municipales, en cumplimiento de los intereses supremos del pueblo nicaragüense y de lo establecido en la presente Constitución”.
La reforma también establece que “la Presidencia de la República ejerce la jefatura de Estado y Gobierno”.
Entre otros cambios, la bandera rojinegra del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) se convierte en un símbolo patrio y se crea una policía voluntaria.
“Lo que están haciendo según ellos son reformas, pero eso es un cambio al sistema de gobierno para dar la imagen que están actuando con respeto, pero no es así”, analizó Graco Pérez, experto en política internacional.
Incluso, el Gobierno de Estados Unidos acusó al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, de maniobrar para consolidar su poder.
En un mensaje publicado en X, el encargado de América Latina en el Departamento de Estado, Brian Nichols, condenó las acciones de la Asamblea Nacional nicaragüense, calificándolas de “movimientos corruptos para cambiar, sin revisión ni debate, la Constitución con el fin de concentrar más el poder en manos de Ortega y (su esposa Rosario) Murillo”.
Será el 25 que estas medidas de esa nación entren en vigor cuando la Asamblea lo ratifique.
