TEGUCIGALPA, HONDURAS.-La decisión tomada por la presidenta de la República, Xiomara Castro, en el seno del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS), de desalojar a quienes ocupen ilegalmente terrenos que obviamente no son de su propiedad, podría afectar los intereses de muchos.
Sin distinguir que quienes los ocupen sean terratenientes, invasores de oficio o grupos campesinos, siempre y cuando sea bajo una orden emitida por el Poder Judicial, estos serán expulsados de esas tierras, señaló la mandataria.
Para este fin fue creada la Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra, integrada por varias instituciones estatales, anunciada en cadena nacional de radio y televisión.
No es un cálculo político
“Hay que alabar la decisión de la presidenta, está tomando decisiones como una estadista, no las están tomado con cálculos políticos”, resaltó Sergio Castellanos, diputado en el Congreso Nacional por Libre.
Según Castellanos, cuando se decide ordenar un país, se sabe que se puede perjudicar intereses de gente allegada a su partido y también de otras personas.
“Cuando usted dice: vamos a desalojar las invasiones de 35 mil manzanas de tierras que hay en Honduras, se va a ir de todo, gente que es de Libre, gente que no es de Libre, invasores de oficio, gente poderosa, incluso, pero al final tenemos que poner orden en el agro”, asintió.
El polémico congresista se refirió a las posturas manifestadas por la dirigencia del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) y de la Federación de Agricultores y Ganaderos de Honduras (Fenagh) y los llamó a que sean congruentes con las acciones futuras.
“Aquí es donde la pelota rebota, escuché al Cohep y la Fenagh, alabando la decisión de la presidenta, pero espero también que alaben esa decisión cuando se toquen intereses de empresarios y terratenientes que se han apropiado ilegalmente de grandes extensiones de tierras”, señaló.
Descontento
La determinación tomada por el CNDS no ha calado del todo bien en los grupos campesinos y las organizaciones de patronatos.
Marco Antonio Baday, presidente de la Confederación Nacionales de Federaciones y Patronatos de Honduras (Conafeph), exigió al gobierno que esto no vaya ha terminar como un acto de demagogia.
“Sí el propósito es investigar que las tierras estén en manos, no de los campesinos, sino, que, de los empresarios, de algunos alcaldes, de funcionarios y de terratenientes que están en complicidad con el IP (Instituto de la Propiedad) y con abogados picaritos, la felicitamos”, argumentó.
Baday, agregó: “felicitamos a Xiomara Castro, si de verdad no es una acción de una comisión demagoga o una comisión más de las tantas que hay, que vengan a utilizar eso para beneficiar a contrarios y no al pueblo”.
El dirigente patronal señaló que hay funcionarios de Libre que azuzan a colectivos de este partido para que anden invadiendo tierras a nivel nacional.
La política agraria tiene que ir más allá
Para el general en condición de retiro y analista político, Luis Maldonado Galeas, que si esto “tendría un impacto en el Partido Libertad y Refundación, respecto a la decisión tomada, depende del balance que se haga respecto a si esta resolución del CNDS no se quiera utilizar para satisfacer demandas de esas personas que estuvieran afiliadas a Libre para obtener tierras”.
Si esa fuera parte de la finalidad, “es probable que logren alguna simpatía para con la presidenta de la República, pero también esto le vendría mal al gobierno si orienta la decisión para beneficiar a gente del partido en el poder”, apuntó Maldonado.
A criterio del analista esta maniobra política debería de ser orientad para beneficiar a todos los hondureños, indistintamente de la filiación política, sino, que sea en pro del ordenamiento de las tierras, la solución de los problemas jurídicos y la detención de las invasiones.
