SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- El presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), Eduardo Facussé, catalogó como una decisión acertada la creación de la Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra.
A criterio del empresario de la zona norte del país, dicho ente dará seguridad jurídica a los inversores, resaltando la gran problemática que existe por conflictos de tierra.
“Me parece muy acertada la decisión de la presidenta Xiomara Castro de crear la Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra para buscarle solución a los conflictos con el fin de darle seguridad jurídica a los que invierten”, mencionó.
“Nos alegra que pretendan aplicar el peso de la ley a los que han usurpado tierras ilegalmente y que se ponga orden. Nosotros siempre hemos abogado porque existan procesos expeditos de resolución de conflictos”, añadió.
El presidente de la CCIC también señaló que espera que esta comisión pueda llevar a cabo las órdenes de desalojo que están pendientes de cumplirse, agregando que la propiedad privada “es la piedra angular de la seguridad jurídica en Honduras”.
De igual forma apuntó que deben de respetarse las resoluciones de los juzgados y actuar conforme a derecho ante las invasiones de tierras.
Luego del anuncio hecho el pasado martes en cadena nacional, la presidenta Xiomara Castro ordenó el desalojo de 36 mil manzanas de tierra invadidas.
A lo largo de la historia, la zona norte de Honduras ha sido el lugar en donde más conflictos por tierras se han registrado, ya que se trata de la zona productiva del país.
Acciones
La Comisión gestionará y velará por diversas acciones como la ejecución de órdenes judiciales de desalojo, por lo que el Estado procederá a desalojar las tierras privadas en manos de invasores.
Sobre las invasiones a fincas de palma en el Bajo Aguán, reconoció que de 56 fincas tomadas se han librado por los juzgados 22 órdenes de desalojo y 9 han sido ejecutadas.
Las invasiones han causado “graves daños a la producción nacional y la economía”, aseguró.En ese sentido, pidió ejecutar las órdenes de desalojo.
“El Estado procederá en forma planificada, pero con carácter de urgencia a ejecutar toda orden de desalojo dictada por el Poder Judicial”.
Castro comentó que “se concede prioridad a las tierras tomadas de la empresas del sector social de la economía y de la reforma agraria, así como fincas privadas relacionadas con actividades de palma aceitera, caña de azúcar, bananera y cualquier agropecuaria productiva”.
Reafirmó que las tierras tomadas y que se encuentren usurpadas en flagrancia permanente se les aplicará los artículos de la Ley de Fortalecimiento del Sector Productivo de la Palma Aceitera, Código Penal y Procesal Penal.“Si nosotros no atacamos la gran problemática que está en el camino de la ruta de la economía en el agro las consecuencias seguirán afectado al país”, manifestó el titular de la Comisión, Francisco Fúnez.
Por su parte, desde la Procuraduría General de la República (PGR) explicaron a EL HERALDO que “estamos trabajando en plasmar esa información y hacerla pública”, esto ante el llamado de la Presidenta de que este ente exponga a quienes obtuvieron tierras de manera ilegal.
