TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Los tramitadores que frecuentan las oficinas del Registro Nacional de las Personas (RNP) en Tegucigalpa y San Pedro Sula constituyen otro de los retos sensibles de la comisión interventora que está por nombrar el Congreso Nacional con el propósito de darle otro rostro a esta institución del Estado.
Estos ciudadanos, entre los cuales hay hombres y mujeres, tienen contactos al interior de esta entidad para agilizar las gestiones de solicitudes de partidas de nacimiento, tarjetas de identidad, constancias de soltería, de parentesco y certificaciones de matrimonio, divorcios y defunciones, entre otras.
La sospecha racional de las fuentes consultadas es que los trámites que realizan estas personas se pueden prestar al tráfico de documentos y, consecuentemente, al otorgamiento de tarjetas de identidad a extranjeros.
Esta es una de las preocupaciones del gobierno de Estados Unidos que, aparentemente, es el más interesado en que se depure el RNP, dándole un nuevo rostro y lo mismo pasa con la Unión Europea (UE) que está financiando el proyecto de la nueva tarjeta de identidad.
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Usualmente, los tramitadores se ubican en las entradas de las oficinas con mayor afluencia de usuarios como los registros civiles municipales y las secciones de recepción de solicitudes de tarjetas de identidad y partidas de nacimiento.
Los pagos
Los pagos por la prestación de estos servicios son variados, desde 200 lempiras hasta mil lempiras, dependiendo del tipo de trámite y en función a la rapidez con que el cliente quiere que le salga el documento y si el usuario es extranjero el pago puede hacerlo en dólares.
“Esto de los tramitadores se da a raíz de tanta burocracia en los diferentes trámites, ya que los ciudadanos requieren que sean más expeditos y no esperar demasiado tiempo”, argumentó la fuente consultada por EL HERALDO. Otra fuente reveló que recientemente el directorio del RNP despidió a tres empleados por haber hecho trámites supuestamente dolosos.
Mucha gente del departamento de Gracias a Dios suele venir a la capital a arreglar documentos que allá fueron mal inscritos teniendo que recurrir a los tramitadores.
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