La fiscal ocupó en dos ocasiones el alto cargo de la Misión Internacional: el primero fue el 16 de febrero, luego de que el peruano Juan Jiménez Mayor dejara su cargo por desacuerdos con el Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro.
Lo asumió por segunda vez el 1 de julio de 2019 tras que Luiz Guimarães Marre anunciara su salida. Calderón dejará de manera definitiva la Maccih el 31 de enero de 2020, según se informa en la carta que le envió a Luis Almagro, donde justifica 'motivos personales'.
La peruana estuvo al menos 10 meses -en dos interinatos- como vocera, por lo que EL HERALDO hace un resumen de los tres casos de alto impacto que presentó.
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Caja chica de la dama
Apenas habían transcurrido 12 días de haber asumido el cargo y Calderón convocó a conferencia de prensa para revelar la primera de sus tres líneas de investigación como jefa de la Maccih.El caso fue nombrado Caja chica de la dama. En esta línea, la Maccih acusó a la esposa del expresidente de Honduras, Porfirio Lobo Sosa, Rosa Elena de Lobo, por el delito de malversación de caudales públicos, lavado de activos y asociación ilícita.
En su momento, la Misión, con Calderón como jefa, aseguró en conferencia de prensa que la ex primera dama de Honduras se apoderó de más de 16 millones de lempiras, que eran destinados para realizar obras sociales en el país.
Por esos mismos delitos, la Misión también vinculó a Mauricio Mora, cuñado de la ex primera dama, quien fungió como Director de la Unidad de Desarrollo Comunitario del Despacho de la Primera Dama, quien junto a Saúl Escobar, asistente de 'Mi Rosa', crearon una organización delictiva para agenciarse de los bienes públicos, según la denuncia presentada.
Calderón denunció que estos exfuncionarios se apoderaron de fondos sociales entre 2011 y 2015 a través de 70 cheques otorgados a nueve personas simulando relaciones contractuales, para dar apariencia de legalidad , que después convertían en dinero en efectivo.
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Por los señalamientos, Rosa Elena de Lobo fue condenada a 58 años de prisión, de los cuales 48 fueron dictados por el delito de fraude y 10 por apropiación indebida. Asimismo, deberá pagar 1.2 millones de lempiras.
Por su parte, Saúl Escobar, quien fue su secretario privado en su gestión como primera dama, recibió una condena de 48 años. En tanto, Mauricio Mora, cuñado de Rosa Elena de Bonilla, fue declarado inocente y fue puesto en libertad.
Caso Pandora
Otras de las denuncias de la peruana provocó el dolor de cabeza de los políticos, tras que revelara la lista de 38 imputados en el denominado caso Pandora.Pandora narraba cómo los implicados drenaron fondos públicos de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) utilizando dos fundaciones.
'El monto que se descubrió es de 282,016,175 lempiras. Todos estos son públicos que provienen de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, para drenar estos fondos utilizaron dos fundaciones, que son Todos Somos Honduras y fundación Dibattista', detallaba la línea de investigación.
Según la Maccih, esos montos fueron 'destinados a financiar las campañas políticas tanto del Partido Nacional como del Partido Liberal, en el año 2013 y otros gastos personales por un monto de 282,016,175 lempiras (casi 12 millones de dólares)', indica el informe.
Corrupción sobre ruedas
El último caso que Ana María Calderón presentó y que nuevamente sacudió a funcionarios y civiles fue nombrado ' Corrupción sobre ruedas'.Esta vez los fondos drenados fueron del programa 'Bono 10 mil', donde se señaló a los altos mandos del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa), entre otras personas.
Las personas señaladas en este caso son Juan Ramón Maradiaga (gerente administrativo Banadesa), David Eduardo Ortiz Handall (gerente financiero de Banadesa), Jeovany Espinal, Carlos Josué Romero Puerto (coordinador proyecto de Banadesa Bono 10 mil).
Todos estos altos funcionarios son acusados por la Maccih de abuso de autoridad, fraude y uso de documentos falsos.
La Misión Internacional detalló que 'se utilizó una empresa de fachada, la empresa de Servicios e Inversiones (AID), que fue creada por las cómplices necesarias Carol Banessa Alvarado y Claudia Yamila para el manejo de fondos que estaban destinados para el financiamiento de campañas políticas y fines personales'.
Según el ente investigador, los involucrados gastaron 11,401,151 lempiras en 104 créditos, desde el 4 de julio de 2013 a mayo de 2014.
'Los acusados, autores y cómplices crearon un esquema a través de Banadesa, utilizaron fondos que estaban destinados para el Bono 10 mil. Hicieron contratos simulados para el arrendamiento de vehículos, que supuestamente debían trasladar a personeros del banco para la distribución de este bono', sin embargo, la Maccih aseguró que los carros fueron usados para 'personeros que iban a trabajar en la campaña electoral'.
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El alquiler de vehículos fue pagado por Banadesa a un costo de 4,154,020 lempiras.
'Para estos fines se utilizaron más de seis millones de lempiras. Uno de estos ejemplos lo constituye un consumo de alimentación de 700 mil 500 sandwiches que habrían sido utilizados el 27 de enero de 2014 en el Estadio Nacional, este pago fue autorizado por Carol Vanessa Alvarado, sin haber cumplido los requerimientos para ser administradora de Casa Presidencial', explicó en su momento Calderon.
Calderón denunció que los giros fueron realizados a nombre de la empresa AID a un costo de 862,500 lempiras, por los sandwiches.
Los señalamientos de la Maccih también detallaron que de octubre a diciembre de 2013, el Congreso Nacional también emitió tres cheques a nombre de la misma empresa por un valor de 706,320 lempiras, supuestamente para el pago de publicidad, pero las investigaciones indican que no existen documentos que den garantía sobre el uso de ese dinero en publicidad oficial.
La misma investigación menciona que AID recibió un cheque de 700 mil lempiras para el hospedaje de miembros de un partido político que asistirían a la convención denominada 'Todos por una vida mejor' en Comayagua.
Por este caso, un juez de Letras en Materia de Corrupción de la Corte Suprema de Justicia en Tegucigalpa, capital de Honduras, dictó el 23 de octubre de 2019 un auto de formal procesamiento contra los ocho implicados en el caso 'Corrupción sobre ruedas'.
La mayoría de los implicados apelaron la determinación por lo que hasta ahora no hay fecha sobre la resolución de la Corte que conoce el caso.
Al único que se le decretó el auto de apertura a juicio fue a Carlos Josué Romero Puerto, a quien se le acusa de 43 delitos de fraude en el caso.
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