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Tegucigalpa, Honduras.- “La población y hasta ustedes como medios de comunicación exigen que se actúe ante los tribunales y ¿porqué cuando se actúa tiene que ser persecución política?”, se preguntó el jefe de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco), Luis Javier Santos, al llegar a los juzgados.
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La reacción del fiscal de la Uferco es atinente a las acusaciones que se han vertido sobre él y su actuar al frente del caso en que se acusa a Nasry “Tito” Asfura y otras siete personas más, como si se tratase de una persecución política contra los encausados.
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Santos señaló que “perseguir a los corruptos, perseguir a las personas que están implicadas en actos de corrupción. No debería de llamarse persecución política”, argumentó.
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El fiscal de la Uferco reiteró una vez más que tienen toda la carga probatoria suficiente para demostrar los requisitos que establece el Código Procesal Penal para que se dicte un auto de formal procesamiento.
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Luis Javier también aclaró que en el caso de Nasry Asfura no se está dando un doble juzgamiento, como lo ha señalado la defensa legal del exalcalde capitalino.
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“No ha habido un proceso anterior. Ese es un argumento que los medios a veces repiten, pero no ha habido un proceso anterior. Juzgamiento es cuando una persona va a un juicio y un juez lo absuelve y luego no se le puede volver a procesar porque ya está absuelto, y en este caso ninguno de los imputados ha ido a un juicio”, explicó el fiscal.
Acusaciones
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Dagoberto Aspra, representante legal de “Tito” Asfura, recusó al fiscal Luis Javier Santos, para que deje de participar en el proceso legal de su defendido. Esta acción se dio a razón de que Luis Javier Santos habría recibido un beneficio de la actual al ser nombrada la esposa de este como secretaria general de una Secretaría de Estado.
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“Nosotros hemos acreditado que la señora Iris Mariel Bulnes, esposa del señor Luis Javier Santos fue nombrada el 7 de abril como secretaria general de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT). Queremos probar que este caso, es un caso políticamente motivado, puesto que la acción penal está recusado”, apuntó Aspra.
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Ante esto, Santos respondió: “El procedimiento de recusación establece que los jueces y magistrados pueden ser recusados ante el tribunal, los fiscales pueden ser recusados ante el superior jerárquico (o sea, el fiscal general), una vez que el superior jerárquico notifica la admisión de esa notificación, el fiscal tiene que hacerse a un lado hasta que emitan una resolución”, argumentó.
Audiencia
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La audiencia inicial está en desarrollo e inició a las 10:00 de la mañana de este martes en los Juzgados en Materia de Criminalidad Organizada, Corrupción y Medio Ambiente, en la avenida La Paz.
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Los otros siete implicados son: Cinthia Elizabeth Borjas Valenzuela y Nilvia Ethel Castillo Cruz, por suponerlos responsables de lavado de activos, malversación de caudales públicos, fraude, uso de documento falso y violación de los deberes de los funcionarios; Mario Roberto Zerón Suazo y Rony López Córdova, por fraude y violación de los deberes de los funcionarios; Wilmer Gerardo Rodríguez López y Roger Ariel Amador Ramírez, por lavado de activos, fraude y uso de documento falso y Óscar Rolando Uriarte Romero, por lavado de activos.
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Al finalizar esta audiencia inicial el juez podría dictar el auto de formal procesamiento con la medida de prisión preventiva o ratificar las medidas cautelares otorgadas por el jurista a cambio de la caución financiera otorgada a favor del Estado de Honduras.
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Otra de las opciones procesales es dictar un sobreseimiento provisional o definitivo a favor de los ocho imputados por el Ministerio Público (MP).
