Tegucigalpa, Honduras.- Después de haber sido denunciados ante el Ministerio Público (MP), por el presunto cobro de una millonaria coima o soborno, los magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Nelson Mairena y Mario Díaz, aún no han sido citados por el Ministerio Público (MP), para rendir declaración.
Nelson Mairena, coordinador de la Sala Penal, aseguró que no han tenido una citación oficial del ente acusador del Estado y que siguen a la espera.
”No hay ninguna citación para nosotros, por lo pronto; aún no hemos sido llamados”, confirmó Mairena.
El alto juez reiteró que la denuncia interpuesta en su contra y contra su homólogo, Mario Diaz, es falsa e infundada y que deberá ser el Ministerio Público el que esclarezca el hecho denunciado.
Solicitud de documentos
En los últimos días trascendió que el MP, con el fin de investigar el presunto soborno, solicitó documentación relacionada con el caso legal, a la Sala Penal, sin embargo, Mairena dijo que “no estamos informados, sabemos que se ha solicitado alguna información, pero nosotros no hemos estado informados al detalle”.
Similar declaración dio la magistrada presidenta de la CSJ, Rebeca Ráquel, quien expresó sobre este particular, que “voy ha ser sincera, no tengo conocimiento de que se haya solicitada ninguna información al respecto”.
El Ministerio Público solicitó un oficio de la sentencia del caso en mención y eso fue lo que la Secretaría de la Sala Penal trasladó al ente acusador del Estado.
La denuncia
La denuncia contra los magistrados Mairena y Díaz trascendió el pasado 15 de enero y fue incoada por el exgerente administrativo del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), José Ramón Bertetty Osorio, quien guarda prisión en la Penitenciaría Nacional de Támara.
En su condición de convicto, José Bertetty envió la denuncia escrita con su puño y letra, en hojas blancas, en la que los acusa de la comisión de los delitos de cohecho, prevaricato judicial, lavado de activos, extorsión, entre otros.
Berttety los acusó de haber pedido tres millones y medio de lempiras para favorecer en una sentencia al implicado en el desfalco del IHSS, John Charles Bográn Velásquez.