TEGUCIGALPA, HONDURAS.- En son de protesta y haciendo un llamado a las autoridades del Congreso Nacional, manifestantes colocaron una pancarta con la frase: “No más narcos en política, diputados actúen ya”, en el puente del Anillo Periférico, a la altura de El Trapiche, en Tegucigalpa.
El escrito en la pancarta va dirigido a los diputados que han hablado de la aprobación de una nueva Ley de Extradición, misma que se ha empezado a discutir entre algunos legisladores, generando incertidumbre en algunos sectores de la población.
Tras siete días de darse a conocer el veredicto de culpabilidad del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández por tres delitos relacionados al narcotráfico, el tema sigue generando diversas opiniones, entre ellas la de que cada vez son más los políticos mencionados por narcotraficantes en sus testimonios.
Durante el proceso del juicio, narcotraficantes confesos subieron a declarar, donde salieron mencionados varios políticos, quienes aseguran estarían interesados en que sea derogado el auto acordado que permite la extradición de hondureños por delitos de narcotráfico, lavado de activos, entre otros.
Aunque en Honduras no existe un precepto legal sobre las extradiciones, las mismas son realizadas a través de un auto acordado que fue aprobado en el 2012 y ratificado en 2013.
¿En qué consiste el auto acordado?
El auto acordado para extradiciones en Honduras, fue emitido por la Corte Suprema de Justicia, en 2013 con fundamentos en los artículos 16, 102, 303,304,305 de la Constitución de la República; y los artículos 82 y 83 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; asimismo los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 15, 101, 306, 310 y demás aplicables del Código Procesal Penal; y el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
En ese sentido, el auto acordado para estos casos (delitos relacionados al narcotráfico) establece que el proceso de extradición se ventila en dos audiencias y amparados en pruebas del Estado requirente.
Un llamado por el actual gobierno
Recientemente, la presidenta Xiomara Castro exigió en un discurso a la Fiscalía y a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que actúen en contra de los responsables de vender el territorio, los que rompieron el orden constitucional y los que traficaron drogas, valiéndose de una estructura de poder político.
Asimismo, pidió al Poder Judicial que actúe con plena independencia frente a los que “traicionaron la patria, vendieron el territorio, rompieron el orden constitucional, asesinaron, robaron, traficaron drogas y dictaron ilegal sentencia para la reelección presidencial”.
