Honduras

Más de 2,000 manzanas de tierra en poder de OABI pasarán a campesinos

Los diputados de la comisión de seguridad dictaminarán el proyecto de decreto enfocado en dar acceso a los grupos campesinos a tierras incautadas a narcos
18.08.2022

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Las invasiones de grupos campesinos en tierras que fueron incautadas a hondureños acusados por ilícitos podrían legalizarse con el proyecto de decreto que señala que las tierras con sentencia firme en poder de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) pasen a los campesinos a través del Instituto Nacional Agrario (INA).

El proyecto -que fue presentado por el diputado de Libre Jari Dixon con el objetivo que los grupos campesinos legalmente constituidos tengan acceso a la tierra para sus cultivos- empezó a ser socializado ayer por el presidente de la comisión de seguridad, Rafael Sarmiento, con los directores de la OABI y el INA.

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En la reunión, Sarmiento señaló la anuencia de ese Poder del Estado para acompañar la iniciativa; no obstante, enfatizó que debe ser un proceso ordenado, donde no se afecten tierras que están en litigio, por lo que pidió hacer un inventario de cómo esta la naturaleza jurídica de las propiedades en poder de la OABI.

“No son todas las propiedades o bienes y muebles, son tierras que tiene la OABI que van a ser afectadas, debemos respetar la seguridad jurídica y entender que hay una gran cantidad de tierra que está bajo la custodia”, dijo.

Ante eso, el director de la OABI, Jorge González, indicó que hay aproximadamente 2,000 manzanas de tierra que ya están con sentencia condenatoria en poder del Estado, pero hay una mayor cantidad que aún no ha sido contabilizada que todavía está en procesos judiciales.

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“Actualmente hay cerca de mil bienes en poder de la OABI, hablamos de diferentes tipos de bienes, de esos 914 están todavía en proceso de litigio en juzgados; tenemos 67 propiedades que están en comiso del Estado como tal y en esas están las 2,000 manzanas de tierra”, dijo.

Las propiedades se encuentran en los departamentos de Colón, Choluteca, Atlántida, Yoro, Cortés, Santa Bárbara y Olancho, detalló González.

La próxima semana sostendrán otra reunión donde crearán una mesa técnica donde cada institución presentará su opinión jurídica sobre la viabilidad del proyecto de decreto; se invitará a representantes de la empresa privada, dieron a conocer. Luego la comisión de seguridad dará su dictamen al pleno sobre el proyecto presentado.

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