Los campesinos preparaban sus mochilas para emprender una marcha hacia la capital a exigir tierras, pero la muerte se interpuso en el camino.
La lucha de los campesinos en Honduras ha estado colmada de luto, dolor y llanto.
Miles han muerto a manos de los terratenientes que los han asesinado vilmente a título personal, a través de empleados o en contubernio con militares, policías, jefes de presidios o paramilitares.
Ha habido ocasiones en que los operadores de justicia, jueces y fiscales, se parcializan para torcer los juicios y encarcelar a los trabajadores del campo cuyo único delito es haber nacido pobres en esta Honduras que merece mejor suerte.
El 25 de junio de 1975, durante el gobierno del general Juan Alberto Melgar Castro, que recién le había dado golpe de Estado al también golpista Oswaldo López Arellano, ocurrió en Olancho una de las masacres más crueles de las luchas campesinas.
El 13 de junio de ese año los campesinos, que pertenecían a la Unión Nacional de Campesinos (UNC), se tomaron varios puentes y calles con la finalidad de demandar la liberación de 25 compañeros que estaban presos en el occidente del país por haber recuperado tierras. La acción no logró su objetivo.
Optaron, entonces, por emprender una “marcha de hambre” que terminaría en la capital. Esta marcha fue programada para el 25 de junio.
De diferentes partes del país salieron los grupos campesinos sin mayores problemas pero en Juticalpa los terratenientes, militares y la Dirección Nacional de Investigación les tenían preparada una trampa.
La marcha salió a las 2:30 de la mañana de Juticalpa. En el centro Santa Clara optaron por hacer un descanso para recuperar energía y reiniciar su caminata.
Un grupo de escolares, al mando del supervisor departamental de Educación Primaria, Guillermo Ayes Mejía, y varios maestros se apersonaron al lugar para exigir “varias aulas”.
Un informe de la UNC, citado por Longino Becerra en Evolución Histórica de Honduras, dice: “Una vez que la manifestación de escolares llegó al frente del edificio, el profesor Ayes Mejía (seguramente en contubernio con terratenientes y militares) desenfundó una pistola y comenzó a exigir que se le abrieran las puertas, al grado de violentarlas a puntapiés con el propósito de penetrar al inmueble por la fuerza”.
El informe agrega: “Parapetados en el desfile de escolares, atrás de estos, venía un grupo de agentes del Departamento de Investigación Nacional (DIN) (al mando del teniente Norman Altamirano) vestidos de civiles, los que, acompañando la acción de Ayes, penetraron al edificio por otro de los portones del centro Santa Clara y acto seguido comenzaron a disparar contra las personas indefensas que se encontraban dentro”.
Cinco campesinos murieron en el acto: Fausto Cruz, Inés Arnulfo Arias, Francisco Colindres, Alejandro Figueroa y Máximo Aguilera Soriano, este último padre del actual presidente de la Democracia Cristiana, Lucas Aguilera. También falleció el taxista Miguel Ángel Barahona Tablada.
Los militares y agentes de la DNI sacaron a otras quince personas del edificio de Santa Clara y las llevaron al presidio de Juticalpa, donde fueron encerradas en “un cuarto utilizado como servicio sanitario”.
El gobierno de Melgar Castro, presionado por diferentes sectores, nombró una Comisión Investigadora la cual presentó un informe detallado de la matanza.
“A las 10:30 de la noche fueron sacados del presidio de Juticalpa: Roque Ramón Andrade, Bernardo Rivera Irías, Óscar Ortiz Ruiz, Lincoln Coleman, Juan Benito Montoya y el sacerdote Michael Jerome Zypher, quienes fueron conducidos en un vehículo pick-up, color rojo, propiedad del sargento David Artica Tablada, jefe del presidio de Juticalpa”.
“Así se organizó un convoy al mando del mayor José Enrique Chinchilla, dirigiéndose al valle de Lepaguare, a donde llegaron a la 1:30 aproximadamente”.
Agrega: “El convoy se detuvo en el puente que da acceso al valle, ya que parte de la carretera había sido obstaculizada. En el puente los detenidos fueron bajados y transbordados a dos vehículos que ya los esperaban del otro lado”.
Hacienda Los Horcones
Al convoy se subieron los terratenientes Manuel Zelaya Ordóñez y Carlos Bahr y se dirigieron a la hacienda Los Horcones, propiedad del primero.
“El mismo día 25, en horas de la tarde, el padre Iván Betancourt, acompañado de las señoritas Ruth Argentina García Mallorquín y María Elena Bolívar Vargas, llegaron al valle de Lepaguare en donde fueron capturados por el subteniente Benjamín Plata, quien llevó detenido al padre Batancourt, mientras el sargento Eugenio Alemán conducía el vehículo del sacerdote y a las señoritas García Mallorquín y Bolívar Vargas”.
Continúa el informe: “Ya entrada la noche se trasladaron a la hacienda Los Horcones, la cual desde el 24 de junio había sido ocupada por un pelotón al mando del subteniente Benjamín Plata”.
“A esa hora, 1:30, y teniendo en la hacienda a nueve detenidos, el mayor Chinchilla ordenó a tres elementos del Departamento de Investigación Nacional que interrogaran a los seis detenidos traídos de Juticalpa, los que posteriormente fueron muertos”.
“Después del interrogatorio, el padre Betancourt también fue muerto. Acto seguido, y para evitar que quedaran testigos de los hechos, se procedió al asesinato de las señoritas Ruth Argentina García Mallorquín y María Elena Bolívar Vargas”.
Consumados los hechos, los cadáveres fueron depositados en un pozo malacate ubicado a un kilómetro del lugar.
Apresados pero perdonados
Como resultado de las investigación fueron encarcelados los militares José Enrique Chinchilla y Benjamín Rodolfo Plata y los terratenientes Manuel Zelaya Ordóñez y Carlos Bahr.
Estos hechos obedecieron a una trama de la Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras y miembros de la empresa privada, según el informe.
Los involucrados fueron encarcelados en la Penitenciaría Central y condenados a 20 años de prisión, pero recobraron su libertad el 11 de septiembre de 1980, favorecidos por un decreto de amnistía e indulto promulgado por la Asamblea Nacional Constituyente.
