TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Tomado de la mano de su esposa y junto a su abogado defensor llegó este martes el diputado Mauricio Rivera a la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Mientras caminaba rápidamente y era rodeado por los medios de comunicación para conocer sus impresiones, Rivera se limitó a decir “vamos a conocer la resolución” y avanzó. Su abogado, Marlon Duarte, por su parte, solo pronunció que esperan un resultado conforme a derecho.
A Rivera se le supone responsable de los delitos de violencia contra la mujer, coacciones, daños, tráfico de influencias y perturbación del orden público tras protagonizar una violenta protesta en Ciudad Mujer en Tegucigalpa.
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La audiencia inicial contra el diputado por el departamento de Choluteca se llevó a cabo el viernes 9 de septiembre y en ella la Fiscalía solicitó la medida de auto de formal procesamiento en su contra. Mientras que su defensa espera obtener un sobreseimiento definitivo.
LOS HECHOS
Las agresiones tuvieron lugar el 4 de mayo del presente año, cuando el diputado encabezó una protesta en las afueras de Ciudad Mujer, en la cual lo acompañaron algunos miembros de sus bases que llegaron desde Choluteca exigiendo el nombramiento de una de sus correligionarias en un cargo.
Según lo que él mismo reveló, la petición era que se aprobara el nombramiento de Ondina Marcela Mendoza como coordinadora administrativa del Centro Ciudad Mujer de Choluteca, sin embargo, esta persona no cumpliría con los requisitos para ostentar el cargo.
En ese momento, Tatiana Lara, directora de la institución, dijo que el nombramiento no se podía hacer efectivo, pues ella “no reúne ninguno de los requisitos exigidos para el puesto... No cuenta con título universitario y su experiencia laboral ha sido en una institución bancaria como oficial de servicio al cliente y, cajera y en un restaurante”. Además, “no tiene experiencia alguna en temas de género”, aseveró la presidenta de CCM en un escrito.
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Ante la negativa para que se le otorgara la plaza de trabajo, Rivera participó en la protesta en la que además de quemar llantas lanzó piedras a los vidrios de Ciudad Mujer, rompiendo los cristales de las ventanas y poniendo en riesgo la vida de los empleados que se encontraban en su interior.
Fue así que ese mismo día, Tatiana Lara acudió a interponer la denuncia respectiva y desde entonces se inició un proceso en contra del legislador, quien el pasado 26 de agosto fue suspendido de su cargo de forma temporal.
IMÁGENES COMO PRUEBA
Las acciones violentas del congresista quedaron registradas en fotografías y videos tomados por los presentes en la manifestación y en edificios aledaños y fueron usadas como carga probatoria en su contra.
“La persona que encabezaba este grupo era el señor Rivera, él era la persona visible, era quien llevaba las llantas e incluso tiró piedras al edificio y pedimos también en nuestra denuncia que se identifique al resto de personas que lo acompañaban y que realmente no sabemos quiénes son”, manifestó Lara durante una entrevista.
CASTIGO
El Código Penal vigente señala una pena de entre uno y cuatro años de prisión más una multa por el delito de violencia contra la mujer.
Por el delito de tráfico de influencias impone un castigo de dos a cinco años, y por el delito de esta normativa impone un castigo de uno a dos años de reclusión y prohibición de residencia por el doble del tiempo de la condena.
Además por el delito de coacciones establece una pena de prisión uno a tres años o prestación de servicios de utilidad pública o a las víctimas de 180 a 360 días.
Esta normativa castiga a quien destruye, deteriora, inutiliza o causa daños a cosa ajena, debe ser castigado con las penas de prisión de seis meses a dos años y multa de 180 a 720 días si la cuantía del daño excede de cinco mil lempiras.
