TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Manuel Zelaya Rosales, expresidente de la nación y actual asesor de la presidenta Xiomara Castro, cuestionó a la Organización de Naciones Unidas (ONU) porque según él, es el órgano supranacional quien atrasa la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH).
‘Mel’ afirmó que el Poder Ejecutivo ha mostrado disposición, pero diversas condicionantes han detenido la llegada de la Comisión.
“Xiomara pidió la CICIH y el Congreso autorizó que llegara la CICIH desde el primer día. Naciones Unidas ha puesto mil condiciones y hay que preguntarles por qué ponen tantas condiciones, ellos ya deberían estar aquí”, afirmó.
El expresidente agregó que “hacen falta cinco puntos de los 14 solicitados por la ONU para instalar CICIH”.
Al mismo tiempo recordó que “cuando vino la OEA con la MACCIH no le puso condiciones a Juan Orlando (Hernández), vino y se instaló; se asoció con la Fiscalía y la Corte”.
Sobre esas condiciones, puntualizó que “hay varios instrumentos que solo en el Congreso Nacional se pueden hacer y son las reformas constitucionales”.
Finalmente acotó que las reformas constitucionales requieren 86 votos y conseguir tal cantidad de votos es sumamente complejo.
“Nosotros lo que queríamos es que vinieran a perseguir la corrupción y el saqueo que hubo acá en los 12 años de gobierno nacionalista”, concluyó.
Postura de la ONU
Aunque en el gobierno han dicho que es la ONU quien atrasa el proceso, en el órgano supranacional han dejado en claro lo contrario y atribuyen al Estado la responsabilidad en virtud de las pocas reformas.
En abril pasado, la coordinadora residente de la ONU en Honduras, Alice Shackelford, dijo a EL HERALDO que “cualquier firma de un posible mecanismo requiere condiciones y así darse luego la firma de un posible convenio”.
Y es que el gobierno ya planteó a la ONU firmar el convenio para luego hacer las reformas legales solicitadas al Poder Legislativo, algo que no ha gustado a Naciones Unidas.
“Las condiciones son críticas para la posible firma, se necesita claridad en próximos pasos y términos de prioridad dentro del mismo gobierno”, reconoció Shackelford en abril a este rotativo.
Entre esas reformas solicitadas está la revisión a la Ley de Amnistía Política aprobada por el actual gobierno y que entregó cartas de libertad a exfuncionarios del gobierno de Manuel Zelaya.
A su vez, quitar inmunidad a los diputados y que la CICIH no solo investigue, sino que tenga la capacidad de acusar en los tribunales, entre otras.
