Tegucigalpa, Honduras
Los ataques en contra de operadores de justicia son la factura que el crimen está pasando al Estado.
Migdonia Ayestas, coordinadora del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH), aseguró que “cuando se ataca frontalmente por parte del Estado, en territorios que por muchos años han estado en manos de grupos criminales o maras y pandillas, mueren muchos operadores del sistema de seguridad y justicia”.
Según Ayestas, “el mensaje que los criminales mandan es el hecho de que no van a permitir que se les desarticule, precisamente porque son negocios muy ilícitos y grandes que dan mucha rentabilidad, que no estarán dispuestos a ceder”.
“La ciudadanía lamenta que en esta guerra frontal pierdan la vida personas que están haciendo un bien y queriendo rescatar a este país de toda la trágica relación que se ha tenido con el crimen organizado y que al final la misma ciudadanía termina pagando una factura por la falta del fortalecimiento de las instituciones encargadas de brindar seguridad”, argumenta.
Desde la óptica de la coordinadora del OV-UNAH, el Estado debería seguir desarrollando la estrategia de investigación a los que están participando en actividades criminales, con el proceso, pero también llegar a la judicialización.
Se debe brindar la seguridad necesaria a los que trabajan en defensa de la población y que puedan tener los requerimientos necesarios para que en una situación de ataques del crimen puedan tener la logística adecuada para que no pierdan la vida, recomienda.
En el país está vigente la Ley de Protección para los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, “pero se requiere dar un mayor fortalecimiento y sentir que son parte de esa protección que establece la ley, aparte de que hay un problema en investigación científica criminal”.
