TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El Ministerio Público (MP) logró sentencia condenatoria para Wilmer Obdulio López Irías, José Víctor Mejía, Santos Soriano López y Rito Yanez Licona, tras la repetición del juicio oral y público por la muerte de 360 reos que fallecieron en el incendio de la granja penal en Comayagua.
En el año 2017 ya se había desarrollado el primer juicio en el cual se absolvió de responsabilidad penal a los cuatro imputados, solamente fue sentenciado José Mejía por el delito de violación a los deberes de los funcionarios, por lo que la Fiscalía Especial de Derechos Humanos (FEDH) presentó un recurso de casación contra dicho fallo, mismo que fue revocado por la Sala Penal de la Corte Suprema de justicia (CSJ), que ordenó que se repitiera el juicio.
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Los sentenciados son el exdirector de ese recinto penitenciario Wilmer Obdulio López Irías y el encargado de las llaves la noche del siniestro, José Víctor Mejía, por 360 homicidios culposos y violación de los deberes de los funcionarios.
La audiencia de individualización de la pena está programada para el 17 de julio del 2022 en el Tribunal de Sentencia de Comayagua, en la que el Ministerio Público solicitará la pena mínima por el delito de homicidio que suma por las 360 víctimas 1,800 años de cárcel para el exdirector del centro penal y el encargado de las llaves.
En el caso de Rito Yanez Licona y Santos Soriano López se les sentenció por violación de los deberes de los funcionarios, ya que el primero se encontraba a cargo de la seguridad y el segundo como comandante de guardia, siendo también responsables de la protección de los internos.
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Los hechos
La noche del 14 de febrero de 2012 que se produjo el fatal incendio, según las investigaciones, este inició en el módulo número seis donde se albergaban 106 internos y a pesar que esta celda contaba con dos puertas, las mismas no fueron abiertas, lo que ocasionó la muerte de sus ocupantes y de los internos de los módulos próximos.
Durante el siniestro, los ahora sentenciados eran los encargados de la toma de decisión para salvaguardar la vida de los privados de libertad, pero ellos se enfocaron en asegurar el perímetro y no en cumplir su responsabilidad de velar por el bienestar de los presidiarios, acción que derivó en 360 víctimas mortales y que pudo llegar a más, de no ser por la intervención de algunos internos que ayudaron a romper los candados de los módulos que no se habían consumido por las llamas, informó el Ministerio Público.
Por tal razón, el MP a través de la FEDH, presentó suficiente carga probatoria, consistente en análisis científicos practicados por la Dirección General de Medicina Forense, la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y otras instituciones con las que se coordinó para realizar las investigaciones, así como prueba testifical de testigos protegidos que fueron clave para esclarecer el caso.
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