Tegucigalpa, Honduras
El Ministerio Público (MP) se abstuvo de emitir una opinión acerca del recurso de inconstitucionalidad presentado en contra de la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (Maccih) y las actuaciones de la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción (Ufecic).
Así lo evidencia un documento al que tuvo acceso EL HERALDO y que fue turnado por el MP a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
El MP argumenta que el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el abogado Juan Carlos Sánchez en fecha 6 de marzo de 2018 carece de legalidad para hacer la petición.
El convenio de creación de la Maccih, según el MP, fue aprobado por el Poder Ejecutivo y la Organización de Estados Americanos (OEA) y ratificado por el Congreso Nacional, contrariando el alegato del abogado recurrente.
Es decir que todas las actuaciones y el acompañamiento que hacen los fiscales de la Maccih están enmarcados en el convenio, firmado entre el presidente Juan Orlando Hernández y el secretario general de la OEA, Luis Almagro, el 16 de febrero de 2016.
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Tanto el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo concedieron a la Maccih las facultades de acompañar, colaborar activamente, asesorar técnicamente, supervisar o evaluar las ejecutorias de las instituciones sometidas al convenio, entre ellas el Ministerio Público.
A esto se suma un acuerdo firmado entre Almagro y el fiscal general del Estado, Oscar Chinchilla, que le da vida a la Ufecic y a la certificación de cada uno de sus miembros.
“Lo atinente al Ministerio Público se acordó seleccionar y certificar a un grupo de fiscales, policías, expertos forenses, nombrados con la legislación vigente para que integrasen una unidad de acompañamiento y supervisión, la cual es responsable de recabar la información y coordinar su actividad con la Fiscalía o unidad del MP que ejerza la persecución penal contra casos y redes de corrupción”, indica el MP en
su escrito.
El abogado Sánchez asegura que las actuaciones de la Ufecic y el acompañamiento de la Maccih son inconstitucionales. Según su escrito, tres agentes de la Ufecic presentaron un requerimiento fiscal en contra de tres de sus representados, “indicando con carácter intimidatorio la frase: con el acompañamiento activo de la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad en Honduras, consecuencia dicha causa, justificamos el interés directo personal y legitimo, como requisito de admisibilidad para la presente acción”.
El 20 de marzo de 2018 la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) admitió el recurso para darle el trámite correspondiente.
En ese sentido, el auto fue remitido al Congreso Nacional y al Ministerio Público para que emitieran su opinión al respecto. Sin embargo, la opinión del ente fiscal no es vinculante
