No llegaron a tiempo
TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El ministro de Defensa, José Manuel Zelaya, confirmó la construcción de la cárcel en Islas del Cisne y proyectó que en un mes y medio inicie el proceso de licitación para las empresas interesadas en la edificación del recinto penal.
La decisión no tiene marcha atrás, pese a pronunciamientos y críticas de ambientalistas y otros sectores por el impacto al ecosistema que tendría la construcción de un centro penal en un área marina protegida.
Zelaya manifestó en el foro Frente a Frente que “si Honduras tiene una isla deseada, ahora vamos a tener la isla temida, que es Islas del Cisne”.
“Nosotros esperamos recibir las ofertas en al menos un mes y medio para poder tener las mejores condiciones económicas y también de aspectos técnicos”, informó el funcionario.
El titular de Defensa fue consultado sobre el precio de la construcción de la cárcel en Islas del Cisne, que costaría hasta L 2,000 millones, de acuerdo a proyecciones y expertos consultados por la Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus.
Ante ello, Zelaya se limitó a opinar que “apenas se está viendo el área de construcción que ya la tenemos identificado para poder someter a un concurso público para las mejores ofertas que se puedan recibir”.
De acuerdo al funcionario, la cárcel se convertirá en el “nuevo hogar de los líderes del crimen organizado, reos peligroso y corruptos con vínculos con la criminalidad”.
El gobierno de Honduras ya ha autorizado realizar las compras directas de materiales para construir el centro penal en las Islas del Cisne y la finalización de la cárcel en Naco, Cortés, según confirmó el titular de Defensa.
¿Qué dice el decreto que autoriza las compras directas para la construcción de Islas del Cisne?
El decreto que autoriza las compras directas para la construcción de la granja penal en las Islas de Cisne y la finalización del centro en Naco, Cortés, ya está vigente luego que se publicara en el Diario Oficial La Gaceta.
En la edición No.36,262 se detalla que con el objeto garantizar el respeto a la vida de las personas privadas de libertad, su integridad física y psíquica, sus derechos humanos y la posibilidad de su reinserción a la sociedad, se ratifica el estado de emergencia en el sistema penitenciario nacional, manteniendo su vigencia hasta el 23 de junio de 2024.
De igual manera, instruye las nuevas funciones a la Policía Militar del Orden Público (PMOP), y estará al mando del sistema penitenciario por un periodo de un año.
“A partir de la entrada en vigencia del presente decreto, quedan en suspenso de manera temporal las funciones del Consejo Directivo del Sistema Penitenciario Nacional y cualquier otro órgano de Dirección y Gerenciamiento”, detalla el decreto.
En el caso de Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores (INAMI), dice el decreto que queda fuera de la intervención de la Policía Militar y se regirá bajo el Sistema Especial de Justicia para la Niñez Infractora.
