Tegucigalpa, Honduras.- En Honduras, parece que la transparencia y la rendición de cuentas son conceptos tan extraños como un día sin sol en el verano.

La reciente amenaza de la Secretaría de Finanzas (SEFIN) de interponer una denuncia por delitos de injuria y calumnia contra Radio Cadena Voces (RCV) por destapar un sobregiro de 6,500 millones de lempiras en la Tesorería General de la República, fondos que supuestamente se usaron en las elecciones primarias, es solo la última entrega de una serie que ya se ha vuelto repetitiva y predecible en este gobierno.

Este patrón de intimidación no es nuevo. El Sistema Nacional de Emergencia 911 amenazó con acciones legales al diario EL HERALDO tras investigaciones por una millonaria compra de cámaras.

Además, recordemos que el jefe de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández, ordenó investigar a 12 medios de comunicación por presunta calumnia, buscando que revelaran sus fuentes de información, un principio sagrado del periodismo protegido por convenios internacionales.

En lugar de abordar las denuncias y corregir errores, la estrategia preferida es “disparar al mensajero”.

El Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) condena el intento de criminalización de la Secretaría de Finanzas contra de RCV por denunciar el sobregiro de 6,500 millones en la Tesorería de la República.

“Exigimos respeto a la libertad de prensa y el cese de represalias contra medios independientes”, publicó el CPH.

“Nos solidarizamos con nuestro colega y miembro de la junta directiva del Colegio de Periodistas, Dagoberto Padilla, que ya fue citado a declarar a los tribunales. Condenamos estas acciones que está llevando a cabo el gobierno, esto es parte de un guion, son actos sistemáticos en contra de la libertad de expresión”, declaró Juan Carlos Sierra, presidente del CPH.

Con estas acciones se busca limitar el derecho que tiene las personas a informar.

“Nos preocupa enormemente, acabamos de pasar un proceso electoral viciado y estamos por ingresar a otro, no queremos pensar que esto es para que la prensa guarde silencio ante cualquier eventualidad que pueda pasar en las elecciones, es por eso que el colegio llama a estar unidos y solidarios, y estar en alerta sobre todo, así como observamos esto va a seguir”, agregó Sierra.

Es irónico que un gobierno que se autoproclama transparente y democrático recurra sistemáticamente a tácticas de intimidación propias de regímenes autoritarios.

La crítica y la denuncia son pilares fundamentales de una sociedad democrática, y silenciar a quienes buscan la verdad solo evidencia la fragilidad y el temor de quienes ostentan el poder.

En lugar de gastar energías persiguiendo a periodistas y medios independientes, las instituciones gubernamentales deberían enfocarse en responder a las denuncias con transparencia y asumir responsabilidades.

Desde la Asociación de Prensa Hondureña (APH) este tipo de respuestas de las instituciones del gobierno son vistas con preocupación, ya que son intimidaciones y criminalización de la investigación periodística.

“Ahora es que no permiten que los medios y periodistas descubran y den a conocer a la opinión pública los actos de corrupción que permanente este gobierno realiza”, expresó Carlos Ortiz, presidente de la APH.

Ortiz adelantó que estas malas acciones del gobierno continuarán y serán más frecuentes con el acercamiento de las elecciones generales de noviembre.

“Condenamos estas acciones de criminalización e intimidación hacia la prensa nacional, nuestra solidaridad total a los medios de comunicación y periodistas. Sigamos haciendo este tipo de investigaciones, no se puede callar, no se puede tolerar estos hechos de corrupción que se están cometiendo”, enfatizó Ortiz.

Por su parte, Radio Cadena Voces publicó que se “reafirma su compromiso con el periodismo de investigación y la defensa de la transparencia en la gestión de los recursos públicos. Nuestra denuncia sobre el sobregiro de L6,500 millones de la Tesorería General de la República el pasado 6 de marzo, tres días antes de las elecciones, se basa en información creíble y verificable y se fundamenta en nuestro derecho constitucional de informar a la ciudadanía sobre el manejo de los fondos públicos”.

Agregó que “la respuesta de la Secretaría de Finanzas (SEFIN) y el anuncio de acciones legales contra nuestro medio reflejan un intento de censura y amedrentamiento que atenta contra la libertad de expresión y el derecho de los hondureños a conocer la verdad. La Ley de Emisión del Pensamiento garantiza nuestra labor periodística y el derecho del pueblo a recibir información veraz, oportuna y fundamentada”.

Finalizó que “RCV no se prestará a narrativas oficiales que pretendan desvirtuar hechos documentados ni cederá ante presiones que busquen silenciar la denuncia sobre el uso indebido de fondos públicos. La transparencia no debe ser un discurso, sino una práctica, y nuestro compromiso es con la verdad y la rendición de cuentas”.