TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La presidenta de Honduras, Xiomara Castro ha generado controversia al ordenar la denuncia del tratado de extradición con Estados Unidos, en medio de un tenso intercambio con la embajadora estadounidense, Laura Dogu, sobre la visita de funcionarios y altos mandos de las Fuerzas Armadas a Venezuela.
Esta medida ha suscitado diversas reacciones en el país, principalmente entre líderes políticos y representantes de la sociedad civil.
El precandidato presidencial por el Partido Liberal, Jorge Cálix, fue uno de los primeros en pronunciarse: “sacaron las uñas. El gobierno de Xiomara Castro ha decidido mandar al carajo la extradición que solo ha servido para que juzguen a los narcos que aquí gozan de impunidad. Con esta decisión están defendiendo a los narcos”.
Cálix advirtió que, si el actual gobierno suspende la extradición, él se compromete a reanudarla en enero de 2026, afirmando que no protegerá a criminales “como lo hace el familión”.
Por su parte, el abogado Rafael Jerez, experto en temas políticos, expresó: “finalmente, se caen las máscaras. La presidenta Xiomara Castro ordena denunciar el tratado de extradición de Honduras con Estados Unidos. Sin duda, buscan aprovechar la diferencia política del pronunciamiento de la embajadora para denunciar un tratado que nada tiene que ver con el impasse político”.
Jerez explicó que, según el tratado, la intención de dar por terminado el acuerdo debe ser comunicada con seis meses de anticipación, lo que podría impedir que criminales, incluidos políticos, sean juzgados en Estados Unidos.
La polémica también alcanzó al Partido Nacional con la opinión de Antonio Rivera, quien calificó la decisión como “increíble” y criticó la falta de tolerancia del gobierno a las críticas, recordando que el combate al narcotráfico fue uno de los principales temas de campaña de Castro.
Rashid Mejía, líder de un movimiento de la sociedad civil, también se mostró crítico: “señora, ya sabíamos que quería eliminar la extradición para favorecerse. Usted fue la primera en felicitar al narcotraficante y dictador Maduro ante el robo de las elecciones. Hoy, manda a su sobrino a reunirse con narcotraficantes, todo tiene sentido”.
Alia Kafati, precandidata a diputada por el Partido Liberal, instó a la presidenta a no ser “tan obvia en su intento de proteger a un familiar suyo de la extradición”, señalando que el pueblo hondureño busca justicia, algo que, según ella, solo ha sido posible gracias al gobierno estadounidense.
El exdiputado y caricaturista hondureño, Darío Banegas, expresó su rechazo hacia la decisión del gobierno de denunciar el tratado de extradición con Estados Unidos, calificándola como un acto que favorece la impunidad de los narcotraficantes.
“¿Antes sí, ahora no? Al crimen organizado sí se les cumple. Vergonzoso; pero temporal. Vendrán tiempos mejores”, manifestó Banegas.
Por su parte, el exjefe del Estado Mayor Conjunto de Honduras, Romeo Vásquez Velásquez, fue aún más contundente en su crítica, llamando “hipócritas” a quienes ahora defienden lo que antes condenaban.
“Les duele la verdad; protegen un país narcotraficante y corrupto como Venezuela”, expresó Vásquez Velásquez, aludiendo a la aparente protección que el gobierno hondureño ofrece a regímenes como el de Venezuela.
Eduardo Facussé, expresidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, también se pronunció, subrayando que la lucha contra el narcotráfico no debería estar influenciada por ideologías políticas. “¡Nada tiene que ver el narcotráfico con la ideología!”, afirmó Facussé.
La presidenta Castro defendió su decisión argumentando que “la injerencia y el intervencionismo de los Estados Unidos, así como su intención de dirigir la política de Honduras a través de su Embajada y otros representantes, es intolerable”.
Castro hizo estas declaraciones luego de que la embajadora Dogu sugiriera que altos funcionarios hondureños se habían reunido en Venezuela con un “narcotraficante”, en referencia al encuentro con el ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino.
“Agreden, desconocen y violan impunemente los principios y prácticas del derecho internacional, que promueven el respeto a la soberanía y autodeterminación de los pueblos, la no intervención y la paz universal. Basta”, concluyó la mandataria.
