Desde de la extradición de 'El Negro' Lobo, los hermanos Miguel Arnulfo y Luis Alonso Valle Valle, Emilio Fernández Rosa, alias 'don H', el mandatario en reuniones del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) manifestó su desacuerdo de que los narcos le contaran a las autoridades estadounidenses todas las andanzas, nexos y crímenes, y que no proporcionaran información en Honduras.
“Es preocupante el tema de los Valle y que no nos dejen la información. Esto es indignante, que un hondureño ponga los intereses de otro país, antes que los de Honduras”. “Hay información que no aparece en la Corte Suprema de Justicia, cómo nos calificarán en el futuro”, expresó Hernández Alvarado, ante los miembros del CNDS, según un documento al que tuvo acceso EL HERALDO.
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El gobernante preguntó a los miembros del CNDS si estaban de acuerdo en que no se entregaran a los narcotraficantes, si estos no dejaban información en Honduras. Pidió presionar para sacarles la información e instruyó al presidente de la Corte Suprema de Justicia “que continúe hasta que dejen información”.
Hernández recomendó “incluir en el Código Penal que en las extradiciones el juez pueda decidir”. “Tenemos que tomar una decisión si esta gente tiene información nos la dará aquí o allá, porque los norteamericanos no lo permitirán, esto da la pauta de que hay que actuar aquí”, expresó el mandatario.
Ante tal demanda, uno de sus ministros, mencionados también en las cortes de Estados Unidos, expresó: “nos han irrespetado como país, según las entrevistas han aceptado que se han entregado y no que fueron capturados; es preocupante porque están muy relajados, además están arreglando visas para sus familias. En esto no habido lealtad”.
Escenarios
Según el comisionado de policía en condición de retiro, Leandro Osorio, una vez deje el poder, los escenarios que tiene el presidente, dados los señalamientos de los narcotraficantes, testigos y fiscales, en la Corte de Nueva York, son complicados dentro y fuera del país.“Su situación la tiene muy complicada porque han hablado los jueces y fiscales y otras autoridades como Kamala Harris, vicepresidenta de Estados Unidos, que lo consideran una persona de interés para Estados Unidos y nosotros aquí lo consideramos un enemigo público del Estado”, sostuvo.
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Los escenarios dentro y fuera del país son adversos, “por las diferentes informaciones que han dado los narcos en Estados Unidos, y también, porque nosotros no tenemos la información que manejan allá. Esto le torna complicada la situación a él, porque los testigos protegidos han dado información valiosa”.
“Solo nos queda esperar los resultados después de que deje el poder. Él ahorita está protegido por el derecho internacional como jefe de Estado, pero después ya no tendrá ningún blindaje y ningún país lo va a querer aceptar”, sostuvo Osorio.
Refugio en el Parlacen
Hernández Alvarado en una entrevista que le dio al diario EL PAÍS de España sostuvo que al dejar la presidencia se incorporará al Parlacen y que desde ahí va a contribuir a la integración centroamericana.No obstante, para Raúl Pineda Alvarado, abogado, analista y exdiputado del Parlamento Centroamericano, esta instancia regional le daría inmunidad a Juan Orlando Hernández en Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Panamá y República Dominicana, pero no en Honduras y otros países que no forman parte de esta entidad.
El Tratado Constitutivo del Parlacen “establece que los diputados del Parlacen tendrán las mismas prerrogativas de los diputados nacionales en el resto de los países de Centroamérica; con excepción de Honduras los diputados tienen el beneficio de la inmunidad, eso significa que el presidente Hernández goza de inmunidad en Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Panamá y República Dominicana que son los países suscriptores del tal tratado”, explicó.
Reafirmó que en Honduras no existe la inmunidad parlamentaria que da este organismo. “Estando en territorio hondureño el presidente Hernández no tiene inmunidad solo la tiene cuando está en países fuera de Honduras que suscribieron el Tratado Constitutivo. A lo único que podría tener derecho es a un proceso de antejuicio que es un procedimiento especial que se hace ante la Corte Suprema de Justicia”, detalló.
Cuando un diputado del Parlacen está involucrado en un hecho supuestamente delictivo, la solicitud de suspensión de la inmunidad llega al Parlamento. Esta solicitud pasa a la comisión de asuntos jurídicos y, esta, generalmente recomienda que se suspenda o no la inmunidad parlamentaria centroamericana. Luego va al pleno, donde se decide si se mantiene o la extiende.
Pero tener inmunidad del Parlamento Centroamericano no necesariamente es gozar de impunidad para no responder por delitos reales o supuestos atribuidos a un imputado parlamentario.
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Acerca de los expresidentes y los exvicepresidentes que automáticamente pasan a integrar el parlamento deben incorporarse al mismo para que gocen de ese privilegio, no es automático, primero tienen que solicitar su juramentación e incorporación, una vez que el pleno reinicie sesiones y este proceso puede durar entre uno y tres meses, precisó.
En el caso de una solicitud de extradición para Juan Orlando Hernández, dependiendo de cómo esté la situación, Estados Unidos podría hacerla llegar a la Cancillería hondureña o directamente al Parlacen en Guatemala, pero no se han dado ningún caso hasta la fecha.
Ante la pregunta sobre si ¿el Parlacen no protegería totalmente a Juan Orlando Hernández? Pineda respondió: “A nivel de los países distintos de Honduras si le garantiza una protección porque tendría que conocer el Parlamento una solicitud de suspensión de inmunidad”.
Ante la posibilidad de que se presente una petición, Pineda Alvarado explicó que en este organismo concurren una serie de situaciones políticas, ya que no es una entidad que mantiene una relación fluida con Estados Unidos, se inclina más a la izquierda, “con más relación con la Unión Europea, en consecuencia, siempre da protección fuera de Honduras, aquí no le da ninguna protección”.
¿O sea que una vez que deje el poder Juan Orlando Hernández podría ser capturado en Honduras? Se le consultó a Pineda Alvarado y su respuesta fue que lo pueden detener “sin ningún problema”.
Investigación
Desde el 2010, oficiales antinarcóticos hondureños venían investigando discretamente a Hernández Alvarado. En las indagaciones los agentes se enteraron como los cabecillas de los carteles, como el 'don H', el de 'Los Chachiros' y el de Alexander Ardón, tenían estrecha relación con funcionarios del Congreso Nacional y el Poder Ejecutivo. La relación entre crimen y poder se fortaleció mediante sobornos y contratos para obras de infraestructura volviendo al Estado una lavandería de dinero sucio.La entrada en vigencia, en 2014, de la extradición de narcotraficantes hondureños por presiones de Estados Unidos vino a reforzar la lucha antinarcóticos que libran tímidamente algunos oficiales de la policía hondureña con apoyo de agentes de la DEA.
Los resultados de aquella lucha silenciosa explotaron cuando los norteamericanos pidieron a los primeros narcotraficantes hondureños. El director de la policía, comisionado Ramón Antonio Sabillón Pineda, ordenó a un grupo selecto de policías dar seguimiento y captura de los sujetos pedidos por la justicia estadounidense.
El 27 de marzo de 2014 cayó 'El Negro' Lobo. Según versiones de quienes lo capturaron, esto incomodó a Juan Orlando Hernández. Igualmente sucedió cuando se arrestó a los hermanos Valle y a 'don H', quien tenía una rencilla a muerte con el diputado Juan Antonio “Tony” Hernández, hermano del presidente.
Los investigadores antidrogas también accedieron a información que manejaba el empresario Amílcar Leva Cabrera, asesinado el 5 diciembre de 2015 en Santa Cruz de Yojoa. Según los agentes antinarcóticos, Cabrera- identificado por la DEA como “El Sentado” y uno de sus informantes- describió a los detectives cómo el presidente lideraba un cartel con su hermano “Tony”, hoy con cadena perpetua en Estados Unidos.
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Fue este informante que expuso a los investigadores cómo una megaestructura delictiva utilizaba el poder político para el narcotráfico y cómo altos jerarcas militares, mencionando a uno apodado “El Lanchero”, se enriquecieron recibiendo sobornos para dejar pasar los cargamentos de droga.
Meses después, los juicios en Estados Unidos contra los capos abrieron la Caja de Pandora. Comenzaron a contar con detalles el involucramiento de Juan Orlando Hernández como pieza clave del narcotráfico en Honduras. Unos lo acusaron de recibir millonarios sobornos para su campaña -entre ellos uno de parte de “El Chapo” Guzmán- otros lo señalaron como integrante de una organización criminal, de la cual forman parte otros políticos, empresarios, jueces, militares y policías.
Las declaraciones de Devis Leonel Rivera Maradiaga, alias 'El Cachiro'; el de Víctor Hugo Díaz Morales, apodado 'El Rojo', y el de Alexander Ardón, exalcalde de El Paraíso, Copán, fueron devastadores al señalar al gobernante como líder de una célula dedicada al tráfico de toneladas de estupefacientes.
En el juicio contra el narcotraficante Geovanny Fuentes Ramírez se terminó de ponerle la cereza al pastel cuando el testigo José Sánchez relató cómo Hernández Alvarado se reunía con el capo y recibía sobornos de él. Incluso, a cambio de protección, llegó a pactar el uso de un narcolaboratorio ubicado en Omoa, Cortés, para enviar conjuntamente cargamentos de droga hacia Estados Unidos.
Igualmente, en sus alegatos, los fiscales pasaron de referirse a Juan Orlando Hernández como el CC-4 a llamarlo por su nombre, vinculándolo ácidamente en el negocio ilícito de estupefacientes. Posteriormente, cuando la Fiscalía de Nueva York acusó de narcotraficante al comisionado general de policía Juan Carlos Bonilla, más conocido como 'El Tigre', el nombre del presidente otra vez resonó con fuerza en el caso.
Según la fiscalía estadounidense, Bonilla era un hombre muy confiable para 'Tony' y su hermano, a tal grado que le asignaron asesinatos selectivos de narcos rivales. El mandatario ha tratado de desmentir los señalamientos de la fiscalía norteamericana argumentando que los narcotraficantes mienten y la arremeten contra su persona porque los persiguió incansablemente.
Alrededor de esta mencionada persecución existen otros componentes, como el hecho de que los que persiguieron y capturaron a los cabecillas de los carteles tuvieron que salir del país, comenzando por el comisionado Sabillón Pineda.
Igualmente, el equipo policial Tigres, capacitados para encontrar y golpear a los traficantes fue desbaratado y sus integrantes llevados a la cárcel acusados de quedarse supuestamente con dinero incautado, situación que el Ministerio Público no pudo probar, por lo cual un juez dejó libre a los agentes.
Luego, dos oficiales antidrogas que capturaron a Magdaleno Meza o Nery Orlando López Sanabria, también tuvieron que salir apresuradamente del país luego que desde la misma estructura estatal comenzaran a amenazarlos a muerte.
Al momento de la captura, los oficiales le decomisaron a Meza varias narcolibretas donde se detallan pagos a una persona identificada como JOH, iniciales que coinciden con las de Juan Orlando Hernández. Meses después, Meza, quién según fuentes policiales serviría de testigo en la corte de Nueva York, fue ejecutado brutalmente en la cárcel de Ilama, Santa Bárbara, luego que un militar les abriera las puertas a los sicarios.
El último que cayó preso fue el capitán Santos Rodríguez Orellana, quien fue dado de baja deshonrosa de las Fuerzas Armadas. Rodríguez Orellana, tras un altercado con un agente de la DEA en el 2016, relató que un helicóptero que capturó en 2014, en un operativo en La Mosquitia, pertenecía al entonces diputado Tony Hernández, hermano del presidente.
Este año, en menos de nueve meses, la fiscalía le armó un caso sobre lavado de activos a Rodríguez Orellana, su esposa y suegra y los llevó ante Claudio Aguilar, juez con jurisdicción nacional, quien, según la defensa no permitió que se le presentaran los documentos para desvirtuar los señalamientos contra los acusados.
Los mencionados vínculos de Hernández Alvarado con el narcotráfico y crimen organizado también le pasaron una enorme factura a su partido, el cual- en las elecciones generales del 28 de noviembre reciente- sufrió una contundente derrota de parte de la Alianza de Oposición integrada por los Partidos Libertad y Refundación (Libre), Partido Salvador de Honduras (PSH) y Partido Innovación y Unidad (Pinu).
Ahora a pocos días para que deje el poder, la sociedad hondureña espera con expectativa el desenlace del futuro del mandatario, quien quedaría sin ninguna protección ante una solicitud de extradición, salvo que esta, según analistas, sea eliminada como parte de una componenda política con Libre.
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Carga probatoria
Para el criminólogo Reynaldo Rubio, los nexos de Hernández Alvarado con el narcotráfico, según el análisis de los documentos y testimonios de los narcos y testigos, es contundente a tal extremo que el presidente se convirtió en un trofeo para los operados de justicia estadounidense.Considera que cada día el mandatario entra en un callejón sin salida, donde su ego determinará si se somete a la justicia norteamericana o toma otra decisión. Sobre una posible negociación, como lo han hecho otros capos, Rubio manifestó que a esta altura a Estados Unidos ya no le interesa a quién vaya a entregar.
“Él es el pez gordo. El máximo objetivo de la justicia norteamericana es él, puede quemar a otros que han estado a la par como diputados, o altos oficiales miliares, pero el principal objetivo, el máximo premio de la justicia Norteamérica es simplemente él, como máximo líder y capo de la droga en Honduras y probablemente en Centroamérica, no hay otro más grande”, detalló.
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“Viéndolo como se ha movido con su ego, con su imperio, con su poderío, con el manejo de los entes del Estado y las personas como él quería, dinero a su antojo, todo un poder completo no va a querer a una cárcel de por vida probablemente, que es lo más seguro, según los análisis de los testimonios y documentos en la corte de Nueva York, que son pruebas contundentes y tienen un combo de testigos protegidos”.
Toda la carga probatoria que ya fue evacuada en la corte está como una prueba indubitable, plenamente creíble, “no admite duda y las mismas allá son utilizadas en otros juicios. Hay varios testigos de mucha credibilidad legal que están preparados y listos para comparecer en un juicio contra él”, expuso el experto en criminología.
